En un recorrido por la zona, se constató que hay cientos de casas cerradas con candados y abandonadas, tierras sin sembrar en plena temporada de lluvias y desesperados burros, caballos, cerdos y gallinas permanecen encerradas en sus corrales y potreros.

De las paredes de las aulas escolares colgaban todavía ilustraciones didácticas, pero sus sillas lucían empolvadas y vacías, así como los centros de salud.

Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón, establecida en esa región, comentó en ese recorrido que más o menos unas 800 familias de indígenas fueron desplazados de los pueblos de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla, Tetitlán de la Lima y Lodo Grande del municipio de Chilapa.

Los temerosos lugareños hablan de que más de cien personas han sido asesinadas, algunos degollados y otros desmembrados.

Por eso, cuando las amenazas comenzaron, no dudaron en tomar camino a pie, en camiones e incluso montando animales de carga rumbo a la cabecera municipal de Chilapa, a Chilpancingo, la capital estatal, o al balneario de Acapulco.

La zozobra imperante es producto de la lucha por el control de la zona de los cárteles de drogas Los Ardillos y Los Rojos –este último relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de la cercana localidad de Ayotzinapa-, dijo Manuel Olivares.

Viviendo como rehenes 

El éxodo comenzó entre el 6 y 7 de junio, “cuando aparecieron regados y pegados en las paredes mensajes de advertencia a los habitantes para que abandonaran sus casas o de lo contrario serían incendiadas”, comentó Olivares.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno desplegó en meses pasados batallones enteros y estableció junto con la Policía una base de operaciones mixta.

“Se han realizado operativos para detener a (…) el líder de Los Ardillos, en esta zona”, dijo un militar apostado en esta área bajo anonimato por no tener autorización para hablar del tema.

Esta región montañosa del centro de Guerrero “no sólo es una zona de consumo de drogas, es además ruta de tráfico para llegar hasta la capital mexicana y también proporciona mano de obra para el cultivo”  de drogas, añadió Olivares.

Desde 2015 “ha habido una gran cantidad de desaparecidos y asesinados, entre hombres mujeres y niños”, sostuvo.

“Toda la zona está muy fragmentada, unas partes las controlan uno y las comunidades vecinas los otros, pero los dos (grupos) secuestran, cobran derecho de piso, han incursionado en todos los giros que les puedan dar dinero”, advirtió.

Los habitantes de Chilapa “viven como rehenes, son víctimas de desplazamiento forzado”, apuntó. “Se quedaron muy poquitas familias”.

Pese a la presencia de militares y policías en la región, “la gente de las comunidades no tienen ninguna confianza en ninguna institución”, aseguró Olivares.

En otra región de Guerrero llamada Tierra Caliente, en San Miguel Totolapan, cuatro miembros de la fiscalía general de México y un presunto criminal murieron cuando un grupo armado emboscó el lunes pasado a los agentes desplegados en Guerrero.

Esa zona de Guerrero es una de las más violentas por la presencia del cártel La Familia y la banda de secuestradores Los Tequileros.

Guerrero, uno de los estados más pobres de México y que tiene costas en el Pacífico, es zona de cultivo de amapola y marihuana.