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Hacinamiento carcelario revela fracaso del sistema de justicia en CA 

La represión de la delincuencia y el combate a las pandillas atiborró las cárceles de Centroamérica, marcando un peligroso escenario de hacinamiento que impide la rehabilitación y alimenta la escuela del crimen, según los especialistas.

Por San Salvador/AFP

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Centroamérica El Salvador

Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá tienen en conjunto 103 mil 994 reclusos en un centenar de cárceles con capacidad para 48 mil 218, lo cual genera una tasa de sobrepoblación que oscila entre un 22% y un 245%.

El hacinamiento marca el fracaso de la estructura del sistema de justicia en su conjunto. No se han buscado alternativas a la cárcel para la población en conflicto con la ley, declaró la investigadora penitenciaria salvadoreña Laura Andrade.

Los estudios advierten que los gobiernos han optado por el encarcelamiento masivo como un recurso populista para atender el clamor de una población desesperada por la alarmante delincuencia.

La percepción de la ciudadanía del encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ha obstaculizado el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social, advirtió el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo  (PNUD) en un informe regional titulado Seguridad Ciudadana.

En los últimos años, la principal apuesta de los gobiernos centroamericanos ha sido la remodelación de cárceles o la construcción de nuevos penales, aunque la mayoría de los presupuestos no contemplan programas de rehabilitación y están más orientados al pago de personal y a la alimentación de internos.

En ese sentido, el PNUD advirtió que la función rehabilitadora no ha sido una prioridad y, por el contrario, las cárceles han emergido como un espacio que ha potenciado la violencia, los abusos a los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva.

En los países del Triángulo Norte de Centroamérica  — Guatemala, El Salvador y Honduras  — los pandilleros encarcelados representan una de las mayores preocupaciones por el nivel de organización criminal que han alcanzado.

Para contener el nivel de criminalidad desatado desde las cárceles, las autoridades de El Salvador decretaron a fines de marzo severas medidas en seis presidios para cortar la comunicación con el exterior de los 16.197 pandilleros presos, que representan el 46.3% de la población reclusa del país.

Nueva política criminal

Para salir al paso del hacinamiento carcelario, en momentos en que la región afronta problemas sociales producto del desempleo y la pobreza, autoridades y organismos de derechos humanos proponen reorientar los sistemas punitivos.

Es urgente desarrollar una nueva política criminal del Estado, que abarque a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), que nos obligue a tomar decisiones que impidan que la cárcel sea la única disposición aplicable, sino que haya una serie de posibilidades alternativas, declaró  la ministra de Justicia de Costa Rica, Cecilia Sánchez.

Para Sánchez, la pobre estructura carcelaria y la escasez de personal técnico impiden desarrollar una estrategia de rehabilitación.

En Guatemala, la Coordinadora de la ONG Colectivo Artesanas Andrea Barrios estima que para reducir el hacinamiento carcelario se pueden tomar medidas alternativas para los infractores con delitos menores, ya sea arresto domiciliar o penas de trabajo comunitario.

Hacinamiento incontrolable

Con 34 mil 938 reclusos en sus 19 cárceles, El Salvador tiene el mayor hacinamiento  (245.6%) , seguido de Guatemala con 20 mil 697 reos en 21 cárceles  (203,9% de sobrepoblación) , en tanto que Panamá acumulaba 17 mil 342 en 22 cárceles y es el país con el menor hacinamiento con 22,3%

Honduras, en sus 25 cárceles para ocho mil 120 personas tiene 17 mil 17 internos  (109,5% de hacinamiento) y Costa Rica en 13 presidios con cupo para nueve mil tiene 14 mil internos  (55,5%) .

De Nicaragua, el último dato oficial del 2014 señalaba la existencia de 10 mil 958 presos, aunque las autoridades han informado que desde ese año hasta febrero fueron puestos en libertad 8.243 reos condenados por delitos leves. No se dispone de cifras actualizadas para este país.

A pesar de que El Salvador tiene el más elevado hacinamiento, 70.63% de sus internos  (24 mil 675) tiene condena, mientras que en Panamá 60% son solo indiciados.

En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró que es inconstitucional el cumplimiento de las penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento, ya que se vulnera el derecho a la integridad personal.

Bajo las condiciones actuales de hacinamiento y sobrepoblación, las inhumanas condiciones de habitabilidad y la violación de derechos humanos fundamentales que enfrenta la gran mayoría de la población privada de libertad, la cárcel opera contraria al mandato resocializador, consignó un estudio del sistema penitenciario salvadoreño de la Universidad Centroamericana.

Registra primera baja en homicidios

El Salvador registra una mínima disminución interanual en la suma de homicidios de este año, que es la primera baja desde el  2014 cuando finalizó una polémica tregua entre pandillas, según datos oficiales revelados hoy.

De acuerdo con el director de la Policía, Howard Cotto, entre enero y el 9 de agosto se registraron un total de tres mil 542 homicidios en el país centroamericano, siete menos  (0,20 %) que los tres mil 549 del mismo lapso del 2015.

El día de ayer, martes, fue el punto de quiebre, pues se perpetraron 6 asesinatos, 18 menos que el mismo día del 2015, lo que rompió con “el concepto de tener más homicidios”  que el año pasado, apuntó Cotto.

Hasta el lunes 8 de agosto las muertes violentas eran superiores en un 0.31 % a las del año anterior.

Aunque la baja es marginal, esta es la primera disminución de asesinatos que El Salvador reporta desde el 2014, cuando subieron aproximadamente un 50 % en comparación con el 2013, en coincidencia con la ruptura de un armisticio entre las pandillas.

Entre el 2012 y el 2014 las principales pandillas, Mara Salvatrucha  (MS13) y Barrio 18, y otras minoritarias pactaron un cese de las hostilidades entre sus miembros que tuvo el acompañamiento del Gobierno de Mauricio Funes  (2009-2014) .

Hasta el 9 de agosto, las cifras del 2016 se venían posicionando por arriba de las del 2015, año considerado como el más violento de la historia reciente de El Salvador y que registró sesi mil 657 asesinatos, un 70 % más que los tres mil 915 del 2014.

Durante el primer semestre de este año la cifra de muertes violentas se colocó como la más alta en la última década.

El vicepresidente salvadoreño, óscar Ortíz, atribuyó la baja a la aplicación del plan El Salvador Seguro y una serie de “medidas extraordinarias”  contra las pandillas.

Dichas acciones son parte de una ofensiva iniciada por el Ejecutivo de Salvador Sánchez a inicios de abril y que conlleva el recrudecimiento del régimen de seguridad en las cárceles, el despliegue de reservistas del Ejército y el lanzamiento de un comando elite rural.

Ortiz aseguró que la “meta”  para el cierre del 2016 es mantener una “tendencia a la baja, de manera sustantiva” .

La tasa de asesinatos en El Salvador se sitúa en 55 por cada cien mil habitantes, cuando las autoridades mundiales de sanidad consideran que una tasa de 10 constituye una epidemia de asesinatos.

El Gobierno responsabiliza a las pandillas MS13 y Barrio 18 de perpetrar la mayoría de los homicidios que colocan a ese  país centroamericano como uno de los más violentos del mundo.

Las declaraciones de los funcionarios se dieron durante una conferenciad de prensa en la Casa Presidencial donde el Gabinete de Seguridad informó sobre la recaudación de 36.5 millones de dólares por un impuesto nuevo para combatir a las “maras” .

Hablarán de plan antipandillas

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, aseguró hoy que “tiene previsto”  reunirse “este mes”  en el país con sus homólogos de Honduras y Guatemala para abordar la propuesta hondureña de una fuerza regional antipandillas.

De acuerdo con el mandatario salvadoreño, el cónclave que sostendrán los ministros de Seguridad y Defensa este viernes será para “ver cómo están los niveles de coordinación”  en la materia entre los tres países previo a la reunión entre presidentes.

“Nosotros, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), tenemos una estrategia de seguridad y uno de los mecanismos que tiene es el de mayor coordinación de todas las instancias que tienen que ver con la seguridad” , acotó.

Añadió que en el plan Alianza con la Prosperidad, que cuenta con la ayuda de los Estados Unidos para disminuir la migración irregular, tiene “medidas de un mayor nivel de coordinación”  en el tema.

“Lo que queremos evitar es que cuando un país arremete contra el crimen organizado”  este “fácilmente se traslada hacia otras regiones”  de Centroamérica y queremos ser “más efectivos y realizar operaciones conjuntas en el combate al crimen trasnacional”, explicó.

El mandatario aseguró que estas iniciativas cuentan con la “voluntad de este Gobierno”  para “garantizarle tranquilidad y seguridad”  a la población.

Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunieron  en el departamento sureño de Escuintla  (Guatemala) , junto a funcionarios y ministros de ambas naciones, con el fin de empezar a trazar un plan trasnacional en contra de las pandillas.

La propuesta, nacida del mandatario hondureño, busca que los tres países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica aúnen esfuerzos y creen una fuerza “trinacional”  con la ayuda de las fiscalías, los Ministerios de Interior y Defensa.

Acan-Efe intentó conocer la fecha y lugar de la reunión, pero un portavoz del Gobierno aseguró que estos detalles no estaban concretados.

Centroamérica, en especial el Triángulo Norte, es una de las regiones del mundo más violentas pese a que no existe una guerra convencional.

Abogados asesinados en Honduras

Unos 114 abogados han sido asesinados en Honduras entre el 2010 y lo que va de este año, informó hoy el Comisionado de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, quien señaló que el 94 % de los casos se encuentran en la impunidad.

En un informe del organismo de derechos humanos, Herrera indicó que el 89 % de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego.

El defensor del pueblo hondureño indicó que la mayoría de las víctimas fueron agredidas en el interior de su vehículo, en algunos casos acompañados de sus hijos, esposa, empleados, amigos e incluso de clientes.

Los departamentos de Francisco Morazán  (centro) ; Cortés y Atlántida  (norte y caribe del país) , son las tres regiones que en los últimos años registraron los índices más altos de asesinatos de abogados, añadió.

En el período de referencia, 42 abogados fueron asesinados en Francisco Morazán, 40 en Cortés, 7 en Atlántida y el resto en Yoro  (norte) , Olancho y El Paraíso  (oriente) , Copán y Santa Bárbara  (occidente) , Comayagua  (centro) , Choluteca  (sur) e Islas de la Bahía  (caribe) , según el informe del Comisionado.

Herrera lamentó que en Honduras el ejercicio del derecho se convirtió en “una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen” , y que el Estado hondureño está “en la obligación”  de garantizar que los abogados “realicen su labor sin ningún tipo de intimidación” .

Enfatizó que la lucha contra la impunidad es “fundamental para que no se sigan cometiendo este tipo de hechos violentos”  en el país centroamericano.

“La cifra nos demuestra que algo grave estamos sufriendo como Estado y como sociedad y que tenemos que reaccionar simultáneamente en un esfuerzo conjunto que venga a fortalecer el Estado social de derecho en el país” , subrayó.

Según el informe del organismo hondureño, del total de abogados asesinados, nueve han muerto de forma violenta este año, de ellos tres fallecieron este martes.

Entre ellos figura el abogado hondureño Kevin Ferrera, quien era un miembro del movimiento Oposición Indignada.

Ferrera fue asesinado en la colonia Los Laureles de Tegucigalpa, donde fue atacado a tiros por desconocidos que se trasladaban en motocicleta, quienes dispararon contra el vehículo en que circulaba.

Los otros dos abogados asesinados el martes son Fredy Javier Mendoza y Carlos Mejía, según el informe del organismo de derechos humanos.

Además, indica que entre los 114 abogados asesinados figuran especialistas en derecho penal y mercantil, fiscales del Ministerio Público, jueces de la niñez y defensores de organizaciones campesinas, entre otros.