“En seguimiento de la presente instrucción se acuerda la práctica de las declaraciones de los querellados (…): día 15 de octubre de 2015, a las 10 horas de la mañana, declaración del Muy Honorable Señor Artur Mas i Gavarró” , señala la providencia del juez instructor.

    La fiscalía se querelló en diciembre contra el presidente regional saliente y dos miembros de su antiguo ejecutivo por la organización de esta consulta simbólica y sin valor legal en la que participaron 2.3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron a favor de la independencia de esta región de 7.5 millones de habitantes.

    Su ejecutivo, que desde el 2012 solicitaba la organización de un referendo de autodeterminación denegado por el gobierno español de Mariano Rajoy, impulsó su celebración a pesar de que el Tribunal Constitucional, recurrido por Rajoy, la había prohibido de forma cautelar para estudiar si se adaptaba a la legalidad.

    En junio, esta corte certificó su ilegalidad porque “una comunidad autónoma no puede convocar ni realizar actuaciones que auspicien la convocatoria de una consulta popular, aun no refrendaria, que desborde el ámbito de las competencias propias” , entre las que no se encuentra la integridad territorial de ese país.

    Impedidos de poder organizar un referendo legal, Mas anticipó las elecciones regionales del pasado domingo para convertirlas en una especie de plebiscito a su plan para separar Cataluña del resto de España en 2017.

    Los partidos independentistas no obtuvieron la mayoría de los votos pero consiguieron una mayoría absoluta en la cámara regional  (72 de 135 escaños) que, en su opinión, los legitima para proceder hacia la independencia de esta región del noreste de España.

Desde el partido de Mas, el portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña  (CDC) en el Congreso, Pere Macías, reaccionó hoy a la citación judicial del líder catalán y consideró que hay una persecución política para “descabalgar a quien ha ganado en las urnas” .

Por su parte, el Gobierno español expresó hoy su respeto por la decisión del TSJC, “como en cualquier otro procedimiento judicial” , según dijo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jose Luis Ayllón.