La decisión se produjo luego de que el pasado jueves Maduro enviara la ley al TSJ para un examen de su Sala Constitucional, aduciendo que su aprobación dejaría impunes violaciones de derechos humanos y desataría una espiral de violencia en el país.

El diputado opositor Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, había dado por descontado el viernes que la norma sería declarada ilegal, reiterando su denuncia de que el TSJ es el “bufete jurídico” del gobierno.

En una extensa sentencia, la Sala Constitucional justifica su determinación indicando que la ley incluye “delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos”.

También aduce vicios de forma, la inclusión en la iniciativa de delitos administrativos que “vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción”, y “efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico al desconocer los derechos de las víctimas”.