El primero consiste en hacer un inventario de las existencias de medicinas.

“Si no existe inventario de medicamentos en el país ellos (el ejército) se han comprometido a traerlo del lugar más cercano en el que se pueda encontrar”, tras el inventario, el ejército “identificará cuales son los centros privados que puedan garantizar calidad precio y logística para la entrega de medicamentos y el país acabará por tener un sistema de almacenaje y distribución de medicamentos”, explicó el presidente.
Se intervendrá en total 10 hospitales en todo el país.

El sistema sanitario de Honduras se encuentra bajo un fuerte cuestionamiento después de que se hicieran públicas una serie de graves irregularidades que descapitalizaron por un valor aproximado de 120 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y a los almacenes de medicamentos del país a través de una trama de corrupción liderada por el ex director del IHSS, Mario Zelaya.

El esquema de desfalco implicaba, además de otras irregularidades, la compra de medicamentos sobrevalorados e incluso defectuosos hasta niveles que una comisión multipartidaria del congreso nacional que lo investigó calificó de criminales. La comisión llegó a registrar el caso de 11 mujeres que presuntamente fallecieron tras consumir medicamentos defectuosos.

Parte del dinero que se llevaron de manera ilícita una serie de empresas fantasma que contrataron con el IHSS terminó en las cuentas de varios movimientos políticos del Partido Nacional, en el gobierno. Cuentas con las que se financió la campaña electoral del actual presidente Juan Orlando Hernández. Se trata de los movimientos políticos del actual jefe de bancada del Partido Nacional, óscar lvarez, de Hilda Hernández, Ministra de Desarrollo Social y hermana del presidente, Ricardo lvarez, actual vicepresidente y Yolani Batres, Ministra de Salud responsable de los hospitales y de los almacenes de medicamentos.

Según el diagnóstico presentado por Batres, se ha detectado una situación de desabastecimiento de medicamentos a hospitales y centros de salud, entre los que se señaló lo que tratan hipertensión o diabetes, asma y deficiencia renal y se han encontrado medicamentos que eran retenidos sin motivo y no seguían su cadena de distribución a los pacientes. Señaló el ejemplo de 10 millones de pastillas de acetaminofén retenidas en un almacén.

Desde hace semanas, decenas de miles de hondureños protestan por diferentes ciudades del país en un movimiento que se conoce como “Marchas de las antorchas” convocado a través de redes sociales por jóvenes que se autodenominan “Indignados” y comenzaron a protestar a raíz de que se conoció que morían pacientes en los hospitales por falta de medicamentos en un contexto de corrupción generalizada en el sistema de salud.

También reclaman el fin de la impunidad en el país, que asciende según datos oficiales a más del 90% de los crímenes cometidos, y piden que se instale una Comisión Internacional contra la Impunidad a través de las Naciones Unidas.

Orden de captura internacional

Un juzgado emitió este miércoles una orden de captura internacional contra el exministro de la Presidencia de Honduras (2006-2009), Enrique Flores Lanza, acusado de corrupción durante el gobierno del derrocado expresidente Manuel Zelaya, informó un tribunal local.

La portavoz del juzgado penal de Tegucigalpa, Kelyn Ortega, indicó que Flores Lanza “está acusado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por 40 millones” de lempiras, cerca de US$2 millones.

Precisó que se emitió una orden de captura a la Interpol (policía internacional) y una alerta migratoria.

El abogado defensor del exministro, Raúl Suazo, dijo tener entendido que Flores Lanza salió del país.

El exfuncionario está acusado por un caso conocido como “el Carretillazo” , una referencia al retiro de 40 millones de lempiras del Banco Central días antes del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 contra el entonces presidente Zelaya. Posterior al retiro circularon videos en los que se ve que ese dinero es transportado en carretillas de las usadas en construcciones.

Los fondos fueron retirados por el gobierno de Zelaya para gastos aprobados por el Poder Ejecutivo para realizar una consulta popular en la cual se preguntaría si la población estaba de acuerdo en instalar una “cuarta urna” en las elecciones de noviembre de ese año para consultar si se convocaba a una asamblea constituyente.

El día en que se iba a celebrar la consulta, Zelaya fue derrocado por una alianza político militar que lo acusó de usar el mecanismo para intentar perpetuarse en el poder.

El mandatario se había enfrentado a sectores influyentes de Honduras por aliarse al “socialismo del Siglo XXI” promovido por el entonces presidente de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez.