Algunos funcionarios y un organismo anticrimen pidieron que se investigaran las circunstancias del suceso, preguntándose cómo podrían haber conseguido las armas el alcalde y el otro preso y qué les habría llevado a disparar contra varios policías cuando estaban detenidos.       

“De primeras, huelo una ejecución extrajudicial”, dijo el senador Panfilo Lacson, exjefe de la Policía nacional, añadiendo que las sospechosas muertes suponen “el mayor desafío” a la credibilidad de la policía nacional, encargada de la campaña antidroga.      

La policía mató a otro alcalde la semana pasada, Samsudin Dimaukom, y a nueve de sus hombres supuestamente en una balacera en el sur de Filipinas.       

Espinosa y Dimaukon estaban entre los más de 160 funcionarios mencionados expresamente por Duterte en agosto dentro de una campaña para avergonzarlos. El hijo de Espinosa, un supuesto capo de la droga, fue detenido el mes pasado en Abu Dhabi, capital de Emiratos rabes Unidos.       

Después de que Duterte lo vinculara con las drogas, Espinosa se entregó a la Policía nacional en agosto en un acto televisado a nivel nacional. Más tarde salió en libertad y el mes pasado fue arrestado por cargos relacionados con drogas y posesión ilegal de armas de fuego. 

El exalcalde y su hijo Kerwin habían sido identificados como unos de los principales capos de la droga del este de Visayas, la región central de Filipinas, al ser incluidos en la lista de Duterte, que conminó a los señalados a entregarse.

El hijo fue detenido el mes pasado en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y está a la espera de ser deportado a Filipinas.

Espinosa es el segundo alcalde implicado con el tráfico de drogas que muere en dos semanas en un tiroteo con las fuerzas de seguridad.

Samsudin Dimaukom, exalcalde de Datu Saudi, en la provincia de Maguindanao, en la sureña isla de Mindanao, murió el 28 de octubre en un tiroteo iniciado por su séquito, cuando su caravana fue detenida en un control de carretera para ser inspeccionada.     

La Policía estima que más de tres mil 600 supuestos narcotraficantes y consumidores han muerto desde que Duterte asumió el poder el 30 de junio. Muchos de los muertos en los primeros meses de la campaña eran sospechosos pobres, y la policía afirmó que su próximo objetivo serían “blancos de alto nivel” como alcaldes y señores de la droga, en una nueva fase de la operación iniciada a finales del mes pasado.       

La persecución y las muertes sin precedentes han ayudado a reducir el crimen, pero el Gobierno de Estados Unidos y otros países occidentales, junto con organismos de derechos humanos, han expresado su alarma y pedido el fin de las muertes.

Un defensor de los derechos humanos describió las muertes a manos de la Policía bajo el gobierno de Duterte como “una calamidad de los derechos humanos” .       

Duterte ha arremetido contra el presidente estadounidense, Barack Obama, y otros críticos, afirmando que está combatiendo una pandemia que ha afectado a la política, corrompido incluso a generales y amenazado con convertir al país en lo que describe como un “narco estado” .