“El Estado nunca nos ha dado nada, más que golpes sicológicos a los padres”, dijo Mario González, uno de los miembros de la delegación que se entrevistó con el mandatario en el Museo Tecnológico de la Ciudad de México.

Refirió que al inicio de la reunión “volvieron a golpear”  a los padres al reiterarles la versión oficial de que los 43 alumnos de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en el Estado de Guerrero fueron asesinados por miembros del cartel Guerreros Unidos y sus restos quemados en un basurero.

En una conferencia de Prensa en el Zócalo de la capital, dijo que esperaban que la fiscal Arely Gómez “por ser mujer iba a tener un poquito de sensibilidad hacia las madres de los 43 alumnos, pero no la tuvo porque no sabe qué es eso”.

“Y se lo dije hace un rato (a Gómez), confiábamos y esperábamos muchísimo de ella. Pero desgraciadamente hay mujeres que no tienen corazón, por no decir otra palabra”, declaró.

Finalmente, se dirigió a los 43 desaparecidos. “Chamacos, donde estén si nos llegaran a escuchar, no nos vamos a dar por vencidos y los vamos a seguir buscando. Aguántenos tantito”, dijo.

Los asistentes respondieron coreando un grito que ya es lema de las manifestaciones para exigir justicia en este caso: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

A su vez, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa  (uno de los 43) , también expresó decepción sobre la reunión con el presidente y su equipo.

“Nosotros ya sabíamos a lo que íbamos. ¿Cómo iba a responder el Gobierno?”, expresó.

“Desde aquí les digo que si ustedes no pueden resolver el problema, se lo tienen que dejar a los expertos (internacionales)”, ya que “son los únicos que han trabajado con seriedad”, sostuvo.

También advirtió que los padres no van a cejar en su búsqueda de justicia.

“Aunque estemos cansados le vamos a seguir dando guerra (al Gobierno). Vamos a ser su piedra en el zapato, porque no nos podemos ir a casa sin saber dónde están nuestros hijos”, enfatizó.

Refirió que durante el encuentro los familiares expresaron que el Gobierno “tiene que quitarse la máscara, tiene que ser transparente y nos tiene que ayudar a encontrar a nuestros hijos sanos y salvos”.

“Nosotros creemos que los tienen los militares, y por eso no dejan que los entrevistemos. ¿Qué esconde el Gobierno, por qué no dejan que entrevistemos a los militares?, preguntó Tlatempa.

Por eso, añadió, “” el Gobierno tiene que escoger si está con el pueblo o está con la delincuencia organizada. Tiene que decidir ver por la ciudadanía o ver por la delincuencia”.

Los padres presentaron hoy a Peña Nieto una lista con ocho demandas, entre ellas la creación de una unidad especial de investigación con dos instancias: una encargada de buscar a los jóvenes  y otra que indague las irregularidades cometidas por la fiscalía durante las pesquisas.

Además, pidieron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) permanezca un año más vinculado a las investigaciones y que el Gobierno federal cumpla con sus recomendaciones.

Reunión

El portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, informó en una conferencia de Prensa que los familiares de los jóvenes presentaron al mandatario un documento con ocho demandas que fue firmado por Peña Nieto “como acuse de recibo”.

Sin precisar esos “ocho puntos”, indicó que el presidente ordenó a la Secretaría de Gobernación, a la Cancillería y a la Procuraduría General de la República (PGR) analizar la “viabilidad” de cada una de las demandas.

Además, pidió a la PGR incorporar “las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto por el grupo de expertos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este jueves entregó al mandatario el informe del caso que presentó a principios de este mes.

Peña Nieto también ordenó a su equipo “continuar los trabajos para saber qué pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos”, y reiteró que la investigación “no se ha cerrado” y “llegará hasta donde tenga que llegar”, dijo Sánchez.

En atención a la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, “la PGR deberá integrar un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero” el 26 de septiembre del 2014, en el que podrá participar el especialista en incendios José Torero.

Según la versión de la fiscalía, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Dicha versión fue cuestionada a principios de septiembre por GIEI a partir de un nuevo peritaje realizado por Torero, quien concluyó que es imposible que los jóvenes fueran quemados en el basurero.

Al respecto, el portavoz aseguró hoy que las coincidencias entre el “informe de los expertos y la investigación de la PGR son muy abundantes”, si bien “hay dos hipótesis sobre un mismo tema”.

Por ello, explicó, habrá un tercer peritaje “con el propósito de poder tener mayores elementos para esclarecer con la certeza que sea posible qué fue lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero”.

En el encuentro de casi tres horas, al que asistieron un grupo de 110 familiares y alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecen los 43 desaparecidos, la PGR hizo un recuento de los avances del caso -por el que ya hay 111 detenidos- y se abordó la atención a las víctimas.

Peña Nieto escuchó a los familiares, a quienes “dijo que compartía su dolor y comprendía su indignación”, y reafirmó la voluntad del Gobierno para esclarecer lo ocurrido.

“El presidente les dijo textualmente: ‘Estamos del mismo lado, ustedes y yo buscamos lo mismo, saber qué pasó con todos y cada uno de sus hijos'”, añadió Sánchez.

Los asistentes fueron los mismos que el pasado 6 de septiembre, exigieron a Peña Nieto que diera “la cara”  después de que el informe de los expertos de la CIDH pusiera en duda la versión oficial del crimen, que establece que los jóvenes fueron masacrados después de haber sido atacados por policías de Iguala  (Guerrero, sur) mientras tomaban autobuses para una protesta el 26 de septiembre del 2014.

Entre los reclamos a Peña Nieto, los padres pidieron la presentación con vida de sus hijos, la permanencia indefinida -y no del medio año suplementario autorizado- del grupo de expertos de la CIDH “hasta que se llegue a la verdad”  y una investigación profunda del papel del Ejército en el crimen, dijo De la Cruz.

Peña Nieto  (2012-2018) sólo se reunió una vez con los padres, en octubre del año pasado, cuando los recibió en su residencia oficial, presionado por la indignación internacional por este crimen.

Versión oficial

La fiscalía asegura que, después del ataque de los policías de Iguala, los estudiantes fueron entregados a un cártel, que los asesinó brutalmente y calcinó sus cuerpos en un basurero por supuestamente pensar que había miembros de un cártel rival infiltrados en el grupo.

Restos encontrados en bolsas en un río fueron enviados a un prestigioso laboratorio de Austria, que verificó con pruebas de ADN la identidad de uno de los chicos, Alexander Mora, y ahora tiene indicios para posiblemente identificar a un segundo alumno.

El informe de la CIDH ha cuestionado que los estudiantes fueran incinerados en el basurero y pidió al gobierno que investigue si los chicos pudieron haber sido castigados porque en uno de los autobuses que ocuparon había droga.