Según Cotto, la alcaldía, cuyo edil, José Elías Hernández, está detenido desde el domingo, “accedió” a la instauración de un tributo a comerciantes de la calle principal, “a fin de que parte de los ingresos fueran entregados a los pandilleros”.
2,706 muertes violentas se registraron entre enero y mayo en El Salvador.
518 más que el mismo período del año pasado.
60,000 pandilleros operan en El Salvador, de los cuales unos 13,000 guardan prisión.
Añadió que el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), una especie de policía municipal, “facilitaba el cobro de la extorsión al interior de los mercados”.
También sostuvo que varios pandilleros “trabajaron y cobraron en la alcaldía durante un tiempo” y que a dichas estructuras “se les proporcionaban combustible” y vehículos para “cometer delitos”.
El titular de la Policía relató que la gasolina era otorgada mediante “un sistema de vales” y que esto llevó a la alcaldía a endeudarse por aproximadamente medio millón de dólares.
“Cuando la gasolinera suspendió el servicio por falta de pago, varios trabajadores fueron amenazados para continuar prestando este servicio”, expuso.
Hasta este martes han sido detenidas 32 personas por este caso, incluido el alcalde Hernández, funcionarios de la alcaldía y pandilleros, de un total de 67 requeridas por la Fiscalía por participar en la estructura y en cinco asesinatos, apuntó Cotto.
A los mismos se les imputan los delitos de organizaciones ilícitas, amenazas y organizaciones terroristas.
Explicó que 35 pandilleros encarcelados ya fueron informados de que son investigados en este proceso, entre los que se encuentran 13 líderes de pandillas, principalmente del Barrio 18 recluidos en el centro penal de Quezaltepeque (noroeste).
El director de la Policía apuntó que “algunos” de estos asesinatos fueron “cometidos dentro de centros penales”, sin detallar las fechas.
El alcalde de Apopa, que gobernó desde el 2012 y en mayo de 2015 inició su segundo período, es acusado de ordenar el asesinato de un “miembro activo de la pandilla MS13”, identificado como Carlos Arrollo.
La jefa de Antipandillas de la Fiscalía salvadoreña, Guadalupe de Echeverría, señaló este lunes que el ultimado no “siguió la línea” establecida entre las autoridades del municipio y las pandillas de la localidad de disminuir su accionar a cambio de “beneficios”, por lo que fue asesinado.
Este sería el primer caso presentado ante la justicia en El Salvador en el que una institución pública se ve directamente vinculada con la financiación y colaboración con las pandillas, a las que el Gobierno atribuye el aumento de la violencia en el país.
Las cifras oficiales de asesinatos en los primeros cinco meses del año dan cuenta de un incremento de los homicidios del 23,6 % respecto a 2015, que es considerado el año más violento de la historia reciente salvadoreña.
Entre enero y mayo de 2016 se registraron 2.706 muertes violentas, mientras que en el mismo lapso de 2015 se contabilizaron 2.188.
