Senadores demócratas piden revocar orden de Donald Trump

Legisladores demócratas anunciaron el jueves propuestas legislativas para revocar la orden ejecutiva de “deportaciones masivas” del presidente Donald Trump.

La senadora Catherine Cortez Masto, la primera latina en ocupar asiento en la Cámara Alta del Congreso. (Foto Prensa Libre: AFP).
La senadora Catherine Cortez Masto, la primera latina en ocupar asiento en la Cámara Alta del Congreso. (Foto Prensa Libre: AFP).

Los demócratas también  renovaron sus críticas a la actuación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La senadora Catherine Cortez Masto, la primera latina en ocupar asiento en la Cámara Alta del Congreso, presentó una iniciativa legislativa para “revocar” la orden ejecutiva firmada por Trump que insta al Departamento de Seguridad Nacional a incrementar las acciones para la deportación de una inmigrantes indocumentados.

En un encuentro con la prensa en el Capitolio, Cortez Masto, senadora del estado de Nevada que cuenta con un alto porcentaje de población de origen hispana, acusó al Gobierno de crear “una máquina de deportaciones sin precedentes”.

La senadora remarcó que la propuesta legislativa coincide con las protestas realizadas en todo el país dentro del “Día Sin Inmigrantes”, un espontáneo boicot contra la políticas migratorias de Trump y en el que inmigrantes en ciudades como Washington, Boston, Filadelfia o Los Ángeles abandonaron sus puestos de trabajo y se negaron a comprar para demostrar su importancia en la economía del país.


Cortez Masto estuvo acompañada por el senador Dick Durbin, quien criticó que “la orden ejecutiva amenaza a millones de personas que viven pacíficamente en este países, y busca crear un plan de deportación en masa”.

“El texto es tan amplio y vago que virtualmente cualquiera puede entrar en la definición de criminal”, remarcó Durbin sobre la redacción de la orden presidencial.

Aunque Trump ha asegurado que la acción forma parte de su promesa electoral de “capturar a los criminales, a los malos criminales, con historial de abusos y problemas y echarlos”, las organizaciones de defensa de los inmigrantes advirtieron que los indocumentados con faltas leves o sin antecedentes también están siendo afectados.

La propuesta de Cortez Masto, sin embargo, no cuenta con muchos opciones de salir adelante dada la mayoría republicana en el Senado.

Por su parte, el Caucus Hispano -agrupación de congresistas de origen latino en la Cámara de Representantes- renovó sus críticas a la actuación del ICE, tras un conflictivo encuentro con su director interino Tom Homan, al que varios de sus miembros no pudieron entrar.


Después de que se cancelase abruptamente una reunión el martes, los congresistas Luis Gutiérrez y Norma Torres denunciaron que no se les permitió acceder a la reunión acordada para hoy para exigir información acerca de las redadas de agentes de inmigración realizadas en numerosos puntos de todo el país en la última semana y que dejaron al menos casi 700 detenidos.

“Mis constituyentes me eligieron para representarles. Debería ser capaz de participar y escuchar de primera mano lo que el ICE tiene que decir y lo que está haciendo en mis comunidades”, sostuvo Torres, que representa un distrito en California, a las afueras de Los Ángeles, en conferencia de prensa.

Los congresistas subrayaron que estas medidas del nuevo Gobierno estadounidense están insuflando “miedo y terror” en las comunidades de inmigrantes.

“Lo que está sucediendo a lo largo del país no nos está haciendo más seguros, y queremos respuestas”, dijo Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, quien sí participó en la reunión.

Pelosi calificó, asimismo, la denegación de entrada a algunos congresistas del Caucus Hispano como algo “muy inusual”.

Este lunes, el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kelly, que supervisa al ICE, dio las primeras cifras oficiales en un comunicado en el que afirmó que “aproximadamente el 75%” de los 680 detenidos durante el fin de semana eran “inmigrantes criminales”.

Se calcula que viven en el país cerca de 11 millones de personas indocumentadas.