Se espera que los jueces del Supremo, el máximo tribunal del país, escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a sus candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre.

El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.

La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.

El plan migratorio presentado por Obama en noviembre del 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo del 2012 conocido como Acción Diferida  (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes “dreamers”   (soñadores) que llegaron a Estados Unidos siendo niños en el seno de familias de indocumentados.

La otra parte del plan es el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres  (DAPA) , que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En febrero recién pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener dicha suspensión.

El Gobierno de Obama decidió entonces presentar una apelación ante el Tribunal Supremo.

El presidente se comprometió por primera vez en el 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.

Autoridad cuestionada

Sin embargo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, encabezó una alianza con 25 otros estados cuestionando la legalidad de los decretos, argumentando que el presidente invadió una atribución que es exclusiva del Congreso.

    El martes, Paxton señaló en una nota oficial que los límites de la autoridad presidencial “fueron excedidos cuando el presidente unilateralmente buscó garantizar una presencia legal de más de cuatro millones de extranjeros que residen en este país ilegalmente” .

    Entre los alegatos contra las medidas, Paxton había criticado el costo adicional que tendría para Texas y los otros Estados la emisión de licencias de conducir para los inmigrantes regularizados.

    De acuerdo con Paxton, “al decidir analizar el caso, la Corte Suprema reconoce la importancia de la separación de poderes” .

    El anuncio, en cambio, fue inmediatamente aplaudido por legisladores aliados a Obama y por entidades de defensa de los derechos civiles.

    Para Todd Schulte, presidente de la influyente organización FWD, los decretos de Obama “están plenamente apoyados en la ley, y por ello la decisión de la Suprema Corte de analizar la situación es un paso ” en la dirección correcta“.
    

“Salir de las sombras”

En el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El líder del bloque del Partido demócrata en el Senado, Harry Reid, afirmó este martes que las medidas firmadas por Obama ” se basan en su bien establecida autoridad constitucional, y tengo la seguridad de que la Suprema Corte fallará a favor de implementarlas“.

    En la visión de Reid, a las familias que ya tienen hijos regularizados ” se les debe permitir salir de las sombras y contribuir plenamente al país que aman y consideran su hogar“.

    Por su parte, el legislador Luis Gutiérrez, apuntó que ” la ley, los precedentes legales y la propia gente están del lado del presidente“.

    Para Gutiérrez, quienes se oponen a la inmigración desea que las personas que aún están en situación irregular ” sigan viviendo en un limbo, viviendo y trabajando aquí pero siempre bajo la amenaza de una deportación inminente”.

    Presionado por las críticas a la amnistía, el gobierno autorizó en diciembre pasado la deportación de personas cuya salida del país sea considerada prioritaria, ya sea por la comisión de delitos o por tratarse de extranjeros con antecedentes policiales.

    Sin embargo, entidades y testigos denunciaron redadas para detener y expulsar del país a personas -incluyendo familias con niños- que llegaron a Estados Unidos escapando de la violencia en países de Centroamérica.

    Notorios aliados de Obama -como los propios congresistas Reid y Gutiérrez, y la aspirante presidencial Hillary Clinton- criticaron ásperamente esas redadas, alegando que esas personas debían ser consideradas refugiados y no inmigrantes económicos.

 Indocumentados optimistas

 Activistas e indocumentados ven hoy con optimismo la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revisar la apelación del Gobierno a la decisión judicial de paralizar la entrada en vigor de las medidas ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama.

Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de los ngeles  (Chirla) , dijo a Efe que “pronto”  habrá “justicia para millones de familias que viven en las sombras” .

Para Frank Sharry, director ejecutivo de Americas Voice, “este es un gran día para millones de inmigrantes y sus aliados” , porque tendrán “una completa y justa audiencia”  ante el máximo tribunal del país.

Sharry también dijo ser “optimista”  de que el dictamen, que se conocerá en junio, será favorable. “El Tribunal Supremo usará el sentido común para promover el bien común. La justicia está cerca, finalmente” , afirmó.

El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida  (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes “soñadores”  que llegaron al país siendo niños en el seno de familias de indocumentados.

La otra parte del plan es el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres  (DAPA) , que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados, la mayoría republicanos, y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener dicha suspensión, por lo que el Gobierno decidió apelar ante el Supremo.

Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota, aplaudió la decisión de la Corte Suprema de escuchar el caso, después de un año en el que se negó el alivio de los deportaciones a unos cinco millones de inmigrantes, “incluyendo niños ciudadanos de padres elegibles para DAPA” .

“La demanda de Texas es mezquina, inmoral y sin mérito. Finalmente, la lucha por la justicia ha llegado a la Suprema Corte” , agregó.

El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, aseguró que esperaba que el Supremo tomara el caso y confía en que “prevalezca el punto de vista del presidente” .

En un comunicado difundido por su oficina en Washington, el legislador, uno de los abanderados de la defensa de los indocumentados en el Congreso federal, expresó que “la ley, el precedente legal y la gente están del lado del presidente” .

Por su parte, el Center for American Progress también confió en que los jueces harán lo correcto y rechazarán la demanda.

“Una demanda motivada por disputas políticas partidistas bloqueó iniciativas basadas en un precedente jurídico fuerte e histórico” , dijo Tom Jawetz, vicepresidente de política de inmigración del centro.

“La comunidad inmigrante, una fuerza económica y social integral en el país, merece la oportunidad de obtener un estatus legal” , señaló.

En tanto, el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes  (NIJC) saludó el anuncio del Supremo y dijo que un fallo que acepte la legalidad de los decretos presidenciales “sacará del limbo”  a miles de familias que viven amenazadas por la deportación.

“Todos los días vemos familias que corren el riesgo de separación y están desesperadas por un alivio” , declaró en un comunicado la directora ejecutiva del centro, Mary Meg McCarthy.