Amaral salió de prisión el pasado 19 febrero. Pasó casi tres meses recluido acusado de intentar obstruir las investigaciones sobre la trama de corrupción en Petrobras.

Su arresto lo convirtió en el primer senador en ejercicio en ir a prisión, y fue decretado después de que fue filmado intentando sobornar a través de terceras personas a un ex director de Petrobras para que no relatara algunos entretelones vinculados al caso Petrobras.

En el marco del acuerdo de delación premiada que firmó con la Fiscalía, Amaral acusó a Rousseff de interferir en el Poder Judicial designando al juez Marcelo Navarro como miembro del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), quien se habría comprometido a evitar que fueran decretadas órdenes de arresto o, en su defecto, que fueran aceptados pedidos de liberación, de acusados de participar en los desmanes en la petrolera nacional.

Agregó que Rousseff estaba al tanto de las irregularidades de algunos negocios de la petrolera, como el de la compra de una refinería en Pasadena, en Estados Unidos, realizado en la época en que Rousseff presidía el Consejo de Administración del ente estatal, y que resultó en millonarias pérdidas.

Respecto a Lula, dijo que fue el ex mandatario quien le dio la orden de intentar sobornar al ex director de Petrobras Nestor Cerveró, que está preso, para que no implicara al empresario José Carlos Bumlai, amigo personal de Lula, en caso de firmar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.

Fue en cumplimiento de esa tarea que Amaral fue preso. El senador fue filmado por el hijo de Cerveró prometiendo la interferencia del Gobierno para liberar al ex director de la prisión y ofreciéndole un salvoconducto para salir del país.

En otra declaración explosiva y muy perjudicial para el Gobierno, Amaral sostiene que el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, le ofreció a través de un asesor ayuda para ser liberado de prisión, a cambio de que no firmara el acuerdo de delación que hoy fue oficializado.

Mercadante también le ofreció dinero para la familia del senador, puesto que “sabía” que estaba pasando por dificultades financieras. La ayuda sería concretada a través de una empresa vinculada al PT, añadió el senador, para quien el “emisario” de Mercadante actuó en nombre del Gobierno de Rousseff.

El tenor de las declaraciones de Amaral cayeron como una bomba en Brasilia. Incluso, podrían retrasar la llegada al Gobierno de Lula, quien fue invitado por Rousseff para asumir un ministerio con “superpoderes” y que según el diario “O Globo” el ex presidente estaba decidido a aceptar.

Lula, por su parte, enfrenta serios problemas que han llevado a la Fiscalía de Sao Paulo a solicitar su detención preventiva, sobre lo cual la Justicia aún no se ha pronunciado.

La Fiscalía de Sao Paulo considera que Lula debe ingresar en prisión por los presuntos delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos en relación a un apartamento que está a nombre de una constructora implicada en un caso de corrupción en la petrolera Petrobras.

En caso de incorporarse al Gobierno en calidad de ministro, Lula pasaría a tener foro privilegiado, con lo que todas las causas en su contra deberían pasar de la Justicia común al Tribunal Supremo.

El Gobierno no ha confirmado que la decisión haya sido tomada, pero sí que es una posibilidad que Rousseff baraja.

Impeachment –

Rousseff, electa en el 2010 y reelecta en 2014, tiene apenas un 11% de apoyo y es blanco de la indignación popular por la recesión que proyecta hundir a Brasil en su peor ciclo económico en un siglo y por el lodazal de corrupción que salpica a la élite empresarial y política.

    El principal aliado del PT, el centrista PMDB, al que pertenece el vicepresidente, Michel Temer, está tentado de abandonar la coalición de gobierno, una iniciativa que dejaría a Rousseff a las puertas del juicio político.

    La Corte Suprema podría destrabar el proceso de impeachment esta semana, definiendo su formato y habilitando a la Cámara de Diputados a instalar la comisión que la encamine al plenario.

En caso de que lo acepte, una mayoría de dos tercios de los 541 diputados federales deberán decidir en una sola votación si inician el juicio de la presidenta.

Si no consigue 172 manos levantadas, Rousseff será la segunda mandataria enjuiciada desde el retorno de la democracia, luego de que el expresidente Fernando Collor de Melo renunciara en la antesala de su destitución en 1992.