Bajo el nombre de “Toma de Venezuela”, los seguidores del Gobierno, vestidos de rojo, se concentraron en un céntrico sector de Caracas y en otros puntos del país en apoyo a Maduro y a la revolución socialista fundada por Hugo Chávez  (1999-2013) .

Ante una multitud en la Plaza Caracas, el presidente acusó a la oposición de planear un golpe de Estado y amenazó con mandar a prisión a sus dirigentes si incitan a hechos de violencia en la manifestación del jueves.

“El que se meta en el golpe, o llame a la violencia, va preso, caballero. Chillen, lloren o griten, ¡presos van!”, advirtió Maduro.

De su lado, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afina detalles para lo que llama la “Toma de Caracas”, con la que el jueves reclamará acelerar el proceso del revocatorio al Consejo Nacional Electoral  (CNE), al que acusa de servir al chavismo.

“Que nadie se deje intimidar”, llamó el líder opositor Henrique Capriles, quien aseguró que ahora inicia una nueva etapa de movilizaciones para obligar al gobierno a aceptar el referendo.

Tanto el gobierno como la oposición se han acusado en los últimos días de buscar desatar la violencia, lo que aumenta en la población el temor a incidentes.

Algunos negocios en el este de Caracas, donde la MUD ha previsto puntos de llegada de opositores desde varias ciudades del país, planean cerrar el jueves.

“Voy a ir a marchar, porque el país está mal y tenemos que pronunciarnos”, dijo María Rodríguez, quien vendía en su quiosco galletas a un transeúnte.

Sumida en una profunda polarización política, Venezuela sufre una grave crisis económica con una escasez de productos básicos que alcanza el 80% y una inflación que fue del 180% en el 2015, la más alta del mundo, y que según el FMI llegará al 720% este año.

“Ni metiéndonos presos”

Diputados de la mayoría opositora en el Parlamento aprobaron un acuerdo este martes que denuncia una “persecución política” contra dirigentes de la MUD.

La oposición asegura que el gobierno está “amedrentando” a sus seguidores para evitar que se manifiesten.

Las autoridades venezolanas enviaron el sábado a prisión al exalcalde opositor Daniel Ceballos, que estaba en arresto domiciliario desde hace un año, acusándolo de planear su fuga y preparar actos violentos para el jueves.

El lunes, detuvieron en Caracas al opositor Yon Goicoechea, acusado de portar detonantes para explosivos que según el gobierno serían usados en la marcha.

“Ni siquiera metiéndonos presos a todos van a evitar que la gente salga a luchar por un cambio democrático, electoral y pacífico”, expresó el diputado opositor Tomás Guanipa, quien acusó al gobierno de “sembrar” pruebas contra Goicoechea.

El Sindicato de Periodistas ha denunciado un ambiente difícil para la prensa.

Desconocidos lanzaron el martes bombas incendiarias contra el diario El Nacional, de línea opositora, en tanto que periodistas de la cadena árabe Al Jazeera que viajaron a Venezuela para cubrir la marcha no fueron admitidos al llegar al aeropuerto.

¡No van a entrar!

Ante los señalamientos sobre un golpe de Estado, el dirigente chavista Jorge Rodríguez sentenció el martes, en la manifestación, que al centro de Caracas los opositores “no van a entrar”.

“Se presumen actos de violencia y desestabilización (…) cuando una manifestación se convierte en violenta, ese derecho se pierde”, alertó el ministro del Interior, general Néstor Reverol.

La Iglesia Católica venezolana pidió al gobierno respetar “el legítimo derecho” a la manifestación. La oposición ha denunciado que las autoridades están impidiendo a seguidores llegar desde otras regiones del país.

Entretanto, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, confirmó que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero -que encabeza una mediación para un diálogo entre gobierno y oposición- “llega hoy si no ha llegado ya”  al país junto al exmandatario panameño Martín Torrijos, también integrante de esa misión.

Con su marcha, la MUD exigirá al CNE la fecha exacta y condiciones de la recolección de cuatro millones  (20% del padrón electoral) de firmas que requiere la convocatoria del referendo.

Pero Socorro Hernández, rectora del CNE, confirmó que la oposición recién podrá recolectarlas en la semana del 24 al 30 de octubre.

Luego se requiere un mes para verificar las firmas y un máximo de tres meses para organizar la consulta, lo que aleja la posibilidad de que sea este año.

La oposición busca que el revocatorio se celebre este año para que se convoque a elecciones, porque si se hace después del 10 de enero del 2017 y Maduro pierde, su vicepresidente completaría los dos años restantes de su mandato.

Maduro amenaza

Maduro, acusó el martes a dirigentes opositores de planificar hechos de violencia el jueves en una marcha en Caracas, buscando propiciar un golpe de Estado, y les amenazó con prisión si estallan disturbios.

Durante su discurso, Maduro acusó a Estados Unidos de propiciar una ofensiva contra gobiernos de izquierda en América Latina.

Así, el gobernante socialista vinculó los planes que denuncia en el país petrolero con el juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil y el asesinato de un viceministro de Evo Morales en Bolivia.

“La amenaza viene directamente del imperialismo norteamericano”, dijo Maduro, que agregó que la influencia de la izquierda en la región “quiere ser revertida en los últimos meses del nefasto gobierno de Barack Obama”.

Obispos piden seguridad

En tanto, La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió el martes seguridad para los venezolanos que asistan a la movilización convocada por la oposición, prevista para el próximo 1 de septiembre, y señaló que los ciudadanos tienen la potestad de hacer valer sus derechos.

“Se trata del ejercicio de un legítimo derecho establecido en la Constitución y el ordenamiento jurídico de Venezuela. Por eso, dichas movilizaciones, concentraciones y actividades de carácter político tienen que ser respetadas y amparadas por los organismos del Estado”, dice el comunicado divulgado por el episcopado.

Los obispos recordaron que el Estado y los organismos de seguridad tienen la obligación de “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la libre expresión de sus ideas y la libre circulación por el país”.

De igual forma, la CEV hizo un llamado para que todos los venezolanos, sin importar su condición y posición política, se expresen con respeto hacia las opiniones contrarias “con el propósito de trabajar por la paz”.

“Los fieles cristianos laicos, en particular quienes se dedican a la política y al trabajo o voluntariado social, deben agotar todos los esfuerzos para hacer posible la cultura del encuentro y del diálogo constructivo y crear el ambiente para la reconciliación de todos”, recomendó la institución religiosa.

Por último, la CEV recomendó a los sacerdotes promover la oración desde cada uno de los centros de acción pastoral para que desde la iglesia se auspicie “el encuentro, el entendimiento y el diálogo, así como favorecer la integridad de todos los ciudadanos, especialmente de los más débiles y necesitados”.

Este comunicado del clero católico fue emitido en el marco de la convocatoria que la oposición venezolana hace para promover una movilización multitudinaria el 1 se septiembre que busque presionar la realización de un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

La iniciativa opositora ha sido vista por el Gobierno como un plan de insurrección, por lo que ha detenido al menos a tres personas que, según el chavismo, planeaban actos violentos para el día de la marcha.