“En lugar de invitar a las contribuciones económicas de los inmigrantes, nuestras políticas de control migratorio a menudo han inhibido la productividad de las empresas de Estados Unidos y, de hecho, han hecho más difícil competir en el mercado global”, apunta el texto.
“Si no se aborda la situación de los inmigrantes indocumentados y sus familias, también se erosionará la base de las capacidades a largo plazo de nuestra fuerza de trabajo”, argumentan los empresarios.
“Por el contrario, la amenaza constante de deportación y otras incertidumbres que enfrentan los individuos indocumentados debilita nuestra economía”, añade.
Además de Zuckerberg, el escrito está firmado por otros directores ejecutivos de distintas ramas empresariales como Reid Hoffman, al frente de LinkedIn; Redfin Corporation, una agencia de bienes raíces; o la Taquería El Rincón Mexicano, un restaurante mexicano en Grand Rapids, Michigan.
Precisamente hoy, un total de 225 congresistas demócratas presentaron otro texto similar a favor de las medidas migratorias del mandatario, que el Supremo abordará en una primera vista oral el próximo 18 de abril.
El Tribunal Supremo podría dictar sentencia ya en junio, al pronunciarse sobre múltiples aspectos de la conocida acción diferida (DACA) , que pretende evitar la deportación de millones de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, así como sobre la versión destinada a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o permiso de residencia (DAPA) .
Obama se comprometió por primera vez en el 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito del Partido Republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, priorizando “la deportación de criminales, y no la de las familias”, según la Casa Blanca.
Ante esta situación, la oposición republicana decidió llevar las acciones migratorias del presidente ante los tribunales y, tras casi un año de litigios, es ahora el turno de la más alta instancia judicial para dirimir o no sobre el asunto.
Cada año, el Tribunal Supremo recibe aproximadamente 10 mil peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.
El debate en el alto tribunal promete despertar una batalla política entre demócratas y republicanos, que han convertido la inmigración en un tema de campaña y que en junio, cuando se pronunciaría el Supremo, estarían a pocos semanas de celebrar sus convenciones nacionales para elegir a los candidatos presidenciales.
Mayor sindicato de EE.UU. urge el alivio migratorio
La central sindical más grande de EE.UU., AFL-CIO, presentó el miércoles un documento ante el Tribunal Supremo para pedirle que levante la suspensión temporal de las medidas migratorias del presidente Barack Obama y poder regularizar a millones de indocumentados en todo ese país.
El sindicato presentó un escrito de “amicus curiae” (amigo de la corte) , al que tuvo acceso EFE, ante el máximo órgano judicial de EE.UU. para denunciar que la suspensión temporal de la ley está “impidiendo que millones de trabajadores inmigrantes ganen dignidad en sus vidas y seguridad en su trabajo” , dijo el presidente de la organización, Richard Trumka, en un comunicado.
“En un momento en que los trabajadores inmigrantes se enfrentan a feos y peligrosos ataques de políticos intolerantes, el movimiento de los trabajadores rechaza los descarados intentos de dividirnos” , afirmó Trumka, refiriéndose a las polémicas declaraciones sobre los inmigrantes mexicanos del aspirante presidencial republicano Donald Trump.
El presidente de AFL-CIO prometió que el sindicato seguirá unido a sus “hermanos y hermanas inmigrantes en su lucha en el Congreso, las cortes y las calles para demandar igualdad de derechos y protecciones para todas las personas trabajadoras” .
El Tribunal Supremo podría dictar sentencia ya en junio próximo, al pronunciarse sobre múltiples aspectos de la conocida acción diferida (Daca) , que pretende evitar la deportación de millones de jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo niños, así como sobre la versión destinada a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o permiso de residencia (Dapa) .
Obama se comprometió por primera vez en el 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito del Partido Republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados priorizando “la deportación de criminales, y no la de las familias” , según la Casa Blanca.
Ante esta situación, la oposición republicana decidió llevar las acciones migratorias del presidente ante los tribunales, y tras casi un año de litigios, es ahora el turno de la más alta instancia judicial dirimir o no sobre el asunto.
Cada año, el Tribunal Supremo recibe aproximadamente 10 mil peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.
El debate en el alto tribunal promete despertar una batalla política entre demócratas y republicanos, que han convertido la inmigración en un tema de campaña y que en junio, cuando se pronunciaría el Supremo, estarían a pocas semanas de celebrar sus convenciones nacionales para elegir a los candidatos presidenciales.
