Durante la negociación no participó el alcalde Elmer Guerra, quien designó al síndico tercero, Jovel de Jesús Martínez.

Los sindicalistas de la comuna piden que se procese a Guerra y a su concejo por desacato, abuso de autoridad, desobediencia, incumplimiento de deberes e incumplimiento de pago.

El abogado Josué Lemus Navas, representante de varios trabajadores afectados, indicó que el caso podría dejar de ser laboral  y pasar  a lo penal, pues se han  incurrido en varios delitos.

El alcalde Elmer Guerra dijo que municipalidad tiene graves problemas financieros, por lo que el concejo emitió un acuerdo para suprimir varias plazas y así minimizar los gastos.  

“Se les va a cancelar a todos los empleados sus prestaciones y  sueldos pendientes y es una decisión de carácter colectivo, no es un despido es una supresión de puestos porque la municipalidad tiene plazas de más,” dijo Guerra.

“Nosotros hemos estado estudiando el caso y la supresión de puestos está avalada en el articulo 62 de la Ley de Servicio Municipal”, añadió.

Según las autoridades, la municipalidad necesita mensualmente Q2 millones 800 mil  para funcionamiento, pero recauda Q1 millón 300 mil.