El alcalde Hugo Loy, en conferencia de prensa, externó su preocupación por lo sucedido. “Lamento las acciones que se cometieron, y creo que no son democráticas ni cívicas”, indicó.

Agregó que lamentablemente lo sucedido es contrario a la fiesta cívica que vivieron los pobladores el 11 de noviembre último, cuando en consulta comunitaria los vecinos expresaron su postura acerca de la minería, pero la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución para suspender el proceso.

“Esperamos que este tipo de acciones sociales no sigan ocurriendo, y ahora no podemos predecir que sigan pasando sucesos similares. De manera particular, sentimos mucho la tensión que vivieron las personas que trabajan para la minera, pues son humanos y se ganan el pan diario”, puntualizó el jefe edil.

Aboga por el diálogo

Añadió que lamenta que ese tipo de industria tenga a Mataquescuintla y otros municipios del país en conflicto social, por lo que considera que vale la pena que se propicie un diálogo nacional y que se haga un debate para que la población exprese si está de acuerdo o no con las operaciones, para evitar confrontaciones.

Loy señaló que se tiene conocimiento de que se emitieron cuatro licencias mineras para el municipio por 20 años, y que eso se convierte en conflicto.

Indicó que la corporación municipal está en medio del problema, ya que por el momento la empresa minera no opera en ese municipio, sino en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, pero existe la presión social de los vecinos, por la incertidumbre que causan los trabajos.

“Hago un llamado a los altos niveles del Gobierno para que también intercedan para ver de qué manera los pueblos que se ven involucrados en este tipo de industria se convenzan de las consecuencias que esto pueda traer, en cuanto a lo que pueda favorecer, pero también afectar”, enfatizó el alcalde.

Dijo que los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitaron la información relacionada con la consulta comunitaria y sobre los incidentes del lunes.

No apoyan violencia

Ángel Antonio Recinos Lemus, párroco de Mataquescuintla, indicó que la postura de la Iglesia Católica siempre ha sido de no apoyar la violencia, y enfatizó que se deben utilizar todos los recursos legales que estén al alcance para resolver los conflictos.

“La Iglesia no va a aceptar por ningún motivo la violencia, y los mensajes que podemos dar es que hay que manifestarse por medios pacíficos”, enfatizó.

Cecilia Aguirre, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos en Jalapa, declaró que la situación le preocupa y que enviará un informe al magistrado de conciencia para que se haga el análisis respectivo.

Pobladores indicaron que defenderán su tierra de la explotación que pretenden hacer las compañías mineras.

Un contingente de la Policía Nacional Civil permaneció ayer en Mataquescuintla, en prevención de conflictos.