Con arraigo
Ayer, a pesar de que no era jueves —día en que se han desarticulado otras redes ilícitas—, investigadores del MP y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), acompañados de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), buscaban a los miembros de esa estructura, entre ellos Alejos, quien logró evadir su captura.
Al transcurrir las horas y según los nombres de los capturados empezaban a aparecer en las redes sociales, excepto el del también ex secretario privado de la Presidencia en el gobierno de Colom, la Fiscalía solicitó su arraigo a un juzgado, para evitar que salga del país, lo cual fue confirmado por la Dirección General de Migración.
Pasado el mediodía, en conferencia de prensa, la fiscal general, Thelma Aldana, aseveró que Alejos evitó ser capturado. Aseguró que el último lugar donde estuvo fue un gimnasio cerca de su residencia.
“En los allanamientos realizados, no se le encontró en su casa. Se sabe que salió para un gimnasio, y luego desapareció; por ello, se continúa con la búsqueda”, agregó.
El comisionado Iván Velásquez confía en que el fracaso de la captura de Alejos se deba a fuga de información, ya que la investigación se trabajó con discreción, al igual que otros casos.
“Se tenían varios sitios cubiertos, porque se había investigado la rutina de Alejos, e incluso el allanamiento en la casa fue simultáneo al del gimnasio”, aseveró el jefe de la Cicig.
Desarticulación
Aldana informó que de noviembre del 2014 a abril del 2015 se investigó la existencia de esa organización —corrupción en el IGSS—, que buscó obtener beneficios ilícitos a través de servicios médicos e insumos en el Seguro Social, en la cual era operador y proveedor Alejos Cámbara.
La fiscal confirmó que Alejos, Juan Pablo Muralles y el exdirector del Hospital Roosevelt Alejandro Toledo, relacionados con siete empresas farmacéuticas, incidían “incluso” en los comités terapéuticos para estar en la lista básica de medicamentos que maneja el Instituto.
Dijo que el grupo tenía conocimiento de los eventos que estarían en el portal de Guatecompras, además de que establecían acuerdos de precios y las empresas que deberían participar en los concursos con funcionarios del IGSS.
Con influencias
Aldana aseveró que los operadores también tenían “plena” incidencia en el nombramiento de algunos directores de las unidades “importantes” del Instituto.
“Con mucha pena debemos informar cómo funcionarios periféricos del IGSS participaron en esta estructura de corrupción”, declaró la jefa del órgano de la persecución penal.
“En estos momentos estamos en el análisis de las negociaciones, pero podemos pensar que hubo negociación a través del Guatecompras de un evento diario”, confirmó.
Velásquez informó que la estructura de corrupción estaba formada por cuatro grupos: operadores, proveedores, funcionarios periféricos y funcionarios centrales.
Funciones
Los operadores eran el contacto directo de los proveedores para ingresar en los procesos de contratación del Seguro Social y tramaban con la estructura la manera de ofertar bajo apariencia de legalidad, a fin de conseguir la adjudicación del concurso a cambio de una comisión.
Explicó que los proveedores son las personas físicas o empresas que establecen relación comercial con el IGSS. Los funcionarios periféricos eran técnicos y profesionales que podían modificar listas básicas de la institución.
“Establecían contacto con los proveedores para alterar los listados o dar movilidad a los productos existentes a favor del proveedor”, manifestó Velásquez.
Agregó que los funcionarios centrales eran del área administrativa, y su labor consistía en mantener contacto con los proveedores y operadores, para manipular procesos de adquisición, a fin de favorecerlos.
Empresas
Las empresas de los tres operadores que se beneficiaron con los concursos del Seguro Social son Corporación Farmaclínicas, S. A. —Alejandro Toledo—, Meproser, Prizm y Mederi —Juan Pablo Muralles—.
Otras tres relacionadas con Alejos Cámbara son Droguería Colón, Evolución Farmacéutica, S. A., y Sabiapharma, S. A.
