Prensa Libre

POR JULIO LIGORRíA CARBALLIDO

En medio de los dos polos quedan escenarios de conflicto que merecen la atención de la sociedad y no sólo del Gobierno, como el necesario análisis de los recursos contra la reforma fiscal inspirados y promovidos por el sector agrario dentro de la cúpula empresarial o el nefasto ataque contra la inversión rusa en la CGN, de El Estor, Izabal, y que ocurre en un momento especialmente complejo.

Se debate el país entre noticias buenas y malas. Cambios que alientan el esfuerzo por exigir al Gobierno más resultados y escenarios donde resulta inevitable el empleo de esfuerzos máximos para mantener la estabilidad que reclama un país al que le urge crecer. Coincidencias en sucesos que no dejan de inquietar, porque plantean un jaque en el tablero difícil de resolver para al gobernante.

El polémico Fonapaz

La medida correctiva más radical emprendida por el Gobierno supone la clausura y auditoría de la institución más polémica de los últimos años: el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). Concebido en 1991 para agilizar el trabajo del Estado en tareas urgentes para apoyar a los afectados por la guerra tras la firma de los acuerdos de paz, fue desdibujándose aceleradamente ante la indiferencia de los gobernantes anteriores.

La lista de escándalos es interminable e incluye salarios a políticos del gobierno de Alfonso Portillo por sumas escandalosas por “asesorías”, en el 2003; pago de manifestantes para apoyar a Álvaro Colom, en el 2008; sobrevaloración de obras ejecutadas por ONG fantasma desde el 2008 a la fecha, y cuyo monto —casi a nivel de mito incomprobable— supera fácilmente los Q800 millones. La adornan oscuros casos donde la Prensa denunció nexos con el narcotráfico —como ocurrió en agosto de 2010, cuando salió a luz el parentesco de la delegada de ese Fondo en las Verapaces con uno de los aliados del narcotraficante Gordo Paredes, luego de hostigamiento a la diputada Nineth Montenegro—. La lista es obscena y sólo en el 2012 se alimenta de las denunciadas sobrevaloraciones de 32 mil 500 pupitres, 90 mil láminas y mil 500 lavaderos plásticos; ni qué decir de denuncias periodísticas sobre comisiones exigidas a proveedores por pagos o asignación de obras, desde hace más de un decenio.

El ocaso de Fonapaz tiene implicaciones legales y sociales sumamente serias, pero presagia además una lucha intensa entre facciones del Gobierno. Vienen acusaciones serias contra el exdiputado Armando Paniagua, director del Fondo, de quien se demanda que no solo sea separado de todo cargo público, sino investigado y procesado —si aparecen las prueba—, tal y como lo anunciara el presidente, Otto Pérez Molina.

Es válido reconocer que la decisión presidencial de clausurar ese fondo fue acertada, toda vez que termina de tajo con un foco de corrupción y latrocinio, pero debe ordenar la investigación y auditoría no solo de su año de gestión, sino de las administraciones anteriores, para deducir responsabilidades.

Vuelve a manos chapinas

La empresa Cementos Progreso tomó la iniciativa de recomprar el 20 por ciento de participación que controlaba la multinacional suiza Holcim Ltd., con lo cual la totalidad de sus acciones regresan a manos nacionales.

La decisión de Cementos Progreso apunta hacia un riesgo empresarial que se basa en la visión de futuro del país y el trato que merece una Guatemala que no está para expoliación de acuerdo a intereses de empresas globales. La cementera regresa a jugar su posición estratégica en el plano nacional y podrá demostrar que, en manos locales, está en la capacidad de crecer y contribuir al desarrollo. A favor de la medida —y es algo que deben evaluar las empresas locales que están tratando de ser compradas por consorcios globales— pesa la previsión de escenarios complejos en materia económica global.

Hay cierto grado de incertidumbre, porque aunque EE. UU. resolvió temporalmente el tema del precipicio fiscal, se avizora una batalla global por la solidez de las monedas en el mundo y la desaceleración del crecimiento económico.

Del agro y sus recursos

Corre la percepción de que atrás de los recursos legales contra la reforma fiscal, que probablemente serán planteados esta semana, hay intereses fuertes para desviar la atención sobre la propuesta de ley de desarrollo rural.

La especie deja en qué pensar, particularmente cuando se analiza la forma en que el sector agrario organizado resolvió en el pasado sus conflictos. Presión de algunos sectores vinculados a la forma tradicional de hacer empresa en el agro, así como gobiernos permeables y una sociedad reprimida, dieron paso al germen de la guerra. Hoy, una actitud similar emprendida por sectores obscuros pone en riesgo no solo la paz, sino especialmente la consistencia del modelo democrático.

En la semana que termina, Pérez recibió a los empresarios más importantes y emblemáticos de Guatemala quienes en calidad personal, no institucional, llegaron a presentar un análisis sobre los aspectos de la ley de desarrollo rural que en su opinión son factor de riesgo y distorsión de la certeza jurídica que debe prevalecer en torno a la propiedad privada. El presidente se mostró receptivo y prometió atender sus reflexiones, al tiempo que les expresó la importancia de no olvidar al 50 por ciento de la población rural que requiere de una salida a su actual situación socioeconómica.

Emboscada política

Si los sucesos en Huehuetenango y Santa Rosa contra la industria extractiva y las hidroeléctricas ya eran preocupantes, lo ocurrido en la semana recién pasada en Izabal resultan más que terribles. En una zona donde hay evidencias de narcotráfico, surgen armas automáticas en manos de “campesinos” para impedir el acceso a una empresa (Compañía Guatemalteca del Níquel, CGN) que había casi desaparecido y genera trabajo y beneficios en el oriente del país ya bajo el mando de inversionistas rusos.

Obvio resulta pensar que hay otros intereses detrás de estos sucesos. No es solo una protesta por el despido de 60 trabajadores —de una planilla de mil 580— que según los lugareños, habría sido alimentada por los manifestantes con disparos de fusiles AK-47. Al medio, la Policía Nacional Civil tratando de restablecer el orden y el desafío a la intervención del Ejército otra vez en un tema relacionado con el medioambiente.

Se está generando un escenario donde se arriesga una importante inversión privada que debe ser defendida por el Gobierno, pero esto ocurre en una región por demás difícil de abordar para las fuerzas de seguridad civil. Si el Ejército interviene en apoyo, la volatilidad del escenario aumenta exponencialmente, porque indudablemente se buscará otra tragedia que termine en una nueva ola de críticas mundiales contra los militares.