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26/04/10 - 00:00 Nacionales

Apoyan más sanciones para menores de edad

De acuerdo con dos sondeos realizados entre lectores de Prensa Libre —uno mediante el televoto y otro a través de la página web—, la mayoría opina que se establezcan castigos más drásticos para los menores de edad que cometan delitos graves.

Después de recientes casos en que adolescentes han cometido asesinatos —uno de ellos confeso—, en la opinión pública se acrecienta el clamor por sancionar con mayor severidad a jóvenes transgresores de la ley.

Ante la pregunta de si está de acuerdo con que se endurezcan las sanciones contra menores de edad que delinquen, de cinco mil 359 llamadas telefónicas válidas, cinco mil 291 fueron para apoyar, es decir el 98.73 por ciento.

Por aparte, en Prensa Libre. com se preguntó: ¿Los adolescentes deben ser juzgados como adultos si cometen delitos graves? Respondieron dos mil 219 internautas, de los cuales dos mil 118 —el 95.4 por ciento— dijeron que sí.

Respecto de la imputabilidad de los menores, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 27-2003) no ha dejado de generar polémica desde su entrada en vigor, el 18 de julio del 2003.

La norma contempla que de encontrarse culpable del delito y luego de agotarse una amonestación educativa, el tribunal especializado no deberá dictar prisión de más de seis años para adolescentes de 15 a 18 años, y no más de dos, para los de 13 a 15.

Sin embargo, el escalofriante asesinato de María Rosario Vásquez Pérez, de 34 años —frente a sus dos hijas, en la zona 5, y a manos de un muchacho de 13 apodado el Tuca— resucitó la alarma sobre la impunidad de que gozan los adolescentes, a merced de esta ley considerada como laxa o poco efectiva.

Además, existe un exiguo respaldo al actual sistema que busca la reinserción de los menores en conflicto con la ley penal y que resuelve internarlos en centros especializados que no están a cargo del Sistema Penitenciario, sino de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Hechos como el brutal asesinato del maestro Jorge Emilio Winter Vidaurre, 35, en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones 2, en San José Pinula, a manos de unos 60 menores de edad, también pone en duda la garantía de la integración en la sociedad a través de los procedimientos previstos en la normativa vigente.

Esto significa que los centros de internamiento tampoco están cumpliendo con la función de rehabilitar a los adolescentes que cometan un delito.

Los guatemaltecos creen que las penas son insuficientes y que eso ensancha el camino de la impunidad, contexto que ha permitido que bandas de delincuentes recluten a menores —en su mayoría ligados a las pandillas juveniles—, para encomendarles crímenes como el cometido por el Tuca.

Cambios difíciles

De acuerdo con los datos obtenidos los días 21 y 22 de abril en el Voto Libre de este diario, la solución es el endurecimiento de penas para quien cometa un delito, aunque sea menor de edad, con lo cual tendría que revisarse la actual legislación y repensar incluso la Constitución de la República, cuyo artículo 20 menciona que los menores que transgredan la ley son inimputables y que su tratamiento sea orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud.

Según la diputada Anabella De León, presidenta de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, el tema de las reformas es complicado, sobre todo cuando existen convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado, que se han convertido en ley, y esto impediría modificaciones al marco jurídico que ampara al menor.

“El pueblo tiene razón, pero muchas veces lo que se busca, en la desesperación, no es la justicia, sino la venganza”, expuso la parlamentaria, quien afirmó que en la actualidad no existen proyectos para enmendar la Ley del Menor.

Adelantándose a posibles iniciativas, las organizaciones que velan por los derechos de la niñez y la adolescencia han llegado a la sala legislativa a manifestar su preocupación porque las instituciones estatales encargadas de velar por los derechos de ese sector no han sido eficientes.

Estas organizaciones abogan por las medidas preventivas y formativas del menor.

El Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia ha manifestado que, a pesar de la precocidad de los criminales, su situación de infancia no cambia, y mediante programas estatales se puede alcanzar la prevención plena del delito en los menores.

Reinserción y resarcimiento

Un día después del crimen perpetrado por el Tuca, la Policía detuvo en el mercado de la colonia Chácara, zona 5, a un muchacho de 15 años que merodeaba por el lugar con una pistola 9 milímetros en la cintura causando pánico entre los locatarios.

El menor, apodado el Dark, confesó que es sicario y extorsionador, y con indiferencia explicó que pertenece a la misma pandilla a la que el Tuca quería ingresar y que el mercado era su “centro de operaciones” para recolectar extorsiones.

“Si querés estar en este p... tenés que ser engasado... Mi mamá sabe lo que hago, pero ella no tiene la culpa... Uno se acostumbra a esto”, dijo, sin esconder su alevosía. Aseguró que en el mundo delincuencial, matar es una rara forma de vivir.

A la vista de estos acontecimientos, el debate social concluye —o deja abierta la puerta— que la legislación ha fracasado y que no existen garantías para la rehabilitación de los menores transgresores de la ley.

POR ESWIN QUIÑÓNEZ /

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