Prensa Libre

POR P. HERRERA, C. VENTURA Y A. COYOY

Las autoridades señalaron que Jorge Gabriel Enríquez Acabal, que fue capturado el sábado último como cabecilla del grupo, administraba bienes de Chamalé, y era conocido como el Contador.

Ortiz, sobre quien pesan cargos por tráfico internacional de drogas, fue detenido en Quetzaltenango en marzo del 2011.

Mynor Melgar, secretario del MP, informó ayer que el grupo operaba en el suroccidente y cometía secuestros, se apropiaba de manera ilegal de propiedades y funcionaba como grupo de sicarios.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que la denuncia de la desaparición de los esposos Cardona Arreaga tenía los mismos patrones de hechos ocurridos con anterioridad en Quetzaltenango, Retalhuleu y San Marcos.

“Es un grupo criminal que también tenía vinculación con el narcotráfico”, confirmó.

Según López Bonilla, los integrantes de la banda se presentaban como vendedores de bienes raíces y empresarios, para generar confianza en sus posibles víctimas.

“Es una estructura que con su forma de operar puede engañar a cualquiera, por lo que sugerimos a la población tener cuidado en todo tipo de negociaciones que hagan y que verifiquen cuando se les acerquen personas con intenciones de efectuar actividades de compraventa de inmuebles”, sugirió.

Estrategia

Melgar detalló que la forma de actuar de esa estructura criminal era verificar, en anuncios, la compraventa de bienes valorados en millones de quetzales y averiguar el patrimonio de sus propietarios.

Después, iniciaban la negociación y convenían un precio. Al final, acordaban reunirse para redactar la escritura en oficinas de notarios.

Una vez firmaban los documentos, ofrecían llevar a los propietarios a una agencia bancaria para efectuar el pago, pero en el trayecto los secuestraban y mataban.

Tras el crimen, otros integrantes de la banda llegaban a las propiedades para tomar posesión de estas y después tramitar el traspaso del inmueble a nombre de otras personas.

Pesquisa

Investigaciones del MP establecen que el cabecilla de esa organización era Enríquez Acabal, originario de Coatepeque, y figuraba como intermediario en el negocio de la finca que venderían los médicos. Este fue detenido junto a Pedro Armira Hernández, quien se presentó como comprador.

El MP determinó que el 17 de enero último, los esposos Cardona Arreaga salieron de Coatepeque hacia Quetzaltenango para firmar las escrituras de ocho fincas que forman un solo terreno en Pajapita, San Marcos, pero ya no volvieron a su casa.

“Buscaban apoderarse de los inmuebles sin gastar un solo centavo. Es una estructura del crimen organizado, y consideramos que podrían estar involucrados abogados. Estamos investigando; no podemos profundizar en detalles”, señaló el fiscal general en funciones, Alberto Molina Canales.

La Fiscalía solicitará al Juzgado de Quetzaltenango vincular al crimen contra la pareja a Andrés Antonio Vélez de León y Juan José Ramos Mazariegos, quienes llegaron el sábado último a tomar posesión de la propiedad, como capataces de Enríquez Acabal.

Todos serán ligados a proceso por asociación ilícita, femicidio y asesinato, además de plagio o secuestro, por el que fueron detenidos al principio.

Molina Canales informó que el MP solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble el bloqueo de las fincas que habían negociado los médicos.

La Fiscalía de Quetzaltenango investiga un hecho similar ocurrido el año recién pasado, pero no aportó mayores datos, para no entorpecer las pesquisas.

Van por más

Las autoridades no aportaron mayores detalles acerca de las pesquisas relacionadas con los casos que se vinculan al resto de integrantes de la banda que faltan por capturar.

Además, indagan acerca de la vivienda M-17, del condominio Pinar del Río, en el kilómetro 3.5 de la ruta a Olintepeque, propiedad de Édgar Leonel Mazariegos.

En un agujero de unos cuatro metros de profundidad, cavado en esa residencia, fueron localizados los cuerpos de los esposos Cardona Arreaga y su empleada, el domingo último.

Según el ministro de Gobernación, los cadáveres fueron hallados luego de haber identificado a la estructura criminal, debido a que uno de los detenidos vivía en el condominio.

López Bonilla indicó que vecinos dijeron que durante varios días escucharon “ruidos de excavación” en la vivienda.

“En todo el departamento hubo alerta, y la búsqueda involucró a varias instituciones”, explicó.

Información del MP da cuenta de que la niña de 2 años que acompañaba a la pareja cuando esta fue secuestrada fue abandonada por Enríquez Acabal en San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.

Las autoridades tienen como prueba una computadora portátil, teléfonos, memorias USB, chips, escrituras de propiedades, una agenda y una camioneta Hummer.