Sin embargo, este año solo se ha llegado a formular acusación en mil 396 procesos, y se dictaron 294 sentencias en los juzgados y tribunales entre enero y septiembre últimos, según estadísticas del Organismo Judicial (OJ).

Por falta de educación, baja autoestima y patrones culturales, muchas mujeres han llegado a considerar normales las agresiones, y no es sino hasta que se da una fase crítica que se percatan de que su situación atenta contra su seguridad y la de sus hijos y que deben buscar justicia.

Amalia Mazariegos, coordinadora del programa de asistencia legal gratuita del Instituto de la Defensa Pública Penal, afirma que atienden unos mil 500 casos al mes de violencia contra la mujer.

La experiencia les ha demostrado que las víctimas denuncian sobre todo la violencia física y económica, pero esto suele ocurrir después de que ya han sido violentadas en forma psicológica y sexual, lo cual no dan a conocer “por vergüenza, estigma, victimización y un pudor mal entendido”.

“Muchas de esas mujeres vienen a denunciar cuando incluso ya tienen hijos mayores, producto de los ultrajes sexuales que sufren por parte de sus parejas”, explica Mazariegos.

En el peor de los casos, la secuencia de agresiones concluye con la discapacidad o muerte de la agredida, situación que se reflejó en el reciente Examen Periódico Universal que hicieron países miembros de las Naciones Unidas a Guatemala sobre derechos humanos.

En el resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para este ejercicio se lee: “Pese a la aprobación de la Ley contra el Femicidio, continuaba aumentando el número de mujeres asesinadas, y Guatemala seguía sin investigar ni enjuiciar esos crímenes”.

El informe también describe información recibida de organizaciones civiles: “Se observó el aumento de sentencias condenatorias, en comparación con los primeros años de vigencia de la Ley contra el Femicidio”.

También señala la “falta de coordinación de políticas y planes estratégicos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

Largo matrimonio

Un caso entre muchos es el de una mujer de más de 20 años de casada con un funcionario bancario. Su fobia hacia las serpientes era sumamente conocida por su familia. Sin embargo, su esposo, en un momento que se suponía era de romance, le mostró una que él mismo colocó en la cama.

Fue por esa crisis que ella descubrió que después de dos décadas de vida conyugal, su matrimonio nunca fue legal porque lo había celebrado un abogado amigo del esposo, quien ahora la engañaba con una estilista. Por eso ella no pudo reclamar la parte de la casa que le correspondía ni le pudo pedir pensión alimenticia.

La mujer se había dedicado totalmente a su hogar y al cuidado de sus hijos, y de un día para otro se quedó sin donde vivir.

La casa estaba a nombre de su esposo y este echó a la mujer y vendió el inmueble. La depresión la llevó a un intento de suicidio, aunque la superó con ayuda de sus hijos.

“Ello muestra que la violencia psicológica y económica es fuerte y que se da incluso a niveles altos”, dice Senaida Escobedo Gowans, directora de la Comisión de la Mujer del OJ, y enfatiza que lo peor que se puede hacer ante esos casos es callar.