Prensa Libre

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ

La integración de esos órganos está a las puertas, si se toma en cuenta que quedan 10 meses para que comience el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones. Luego le siguen la de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, Defensoría Pública Penal y Contraloría General de Cuentas.

Los expertos coinciden en que una de las prioridades es asegurar independencia presupuestaria, para evitar que los aportes de la comunidad internacional se traduzcan en presiones externas.

También consideran necesario que los comisionados no sean candidatos a magistraturas, para evitar tráfico de influencias.

Los consultados exponen que uno de los obstáculos es integrar la comisión con 34 personas, porque imposibilita que se pueda efectuar una evaluación adecuada de los candidatos. Sin embargo, esto solo se puede corregir con reformas a la ley respectiva, porque así lo dispone la Constitución.

Ambigüedad en ley

Mireya Barrera, exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, señala que de no reformarse la Ley de Comisiones de Postulación se caería en interpretación “discrecional” de los comisionados. Tal el caso de algunos que por la ambigüedad de esa legislación dispusieron hacer pruebas psicométricas a los candidatos, como si se tratara de “una agencia de empleo”, pese a que las comisiones son un cuerpo colegiado por mandato constitucional.

Milton Argueta Pinto, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, opina que la ley citada básicamente regula el procedimiento interno de las comisiones. Recordó que anteriormente la Constitución establecía únicamente los mecanismos de integración, y las comisiones se autorregulaban, lo cual valora como adecuado.

No obstante, Argueta es del criterio de que se deben ajustar los plazos que la legislación estipula para el proceso de las comisiones, debido a que, por ejemplo, en el proceso anterior hubo más de 700 expedientes de candidatos a magistrados de la CSJ, y los plazos son demasiado cortos para cumplirlos. “Eso se vuelve imposible, y entonces hay formas de agilizar el proceso”, apunta Argueta.

Proceso engorroso

El académico asevera que la dificultad estriba en la manera en que se integran las comisiones, pues son 34 comisionados, de los cuales 11 son decanos, 11 magistrados y la misma cantidad de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, más un rector. Lamenta que eso no pueda modificarse solo con una reforma a la ley y que “no se puede tocar, porque está a nivel constitucional”.

Detalla que es “extremadamente difícil, tardado y engorroso. Es muy difícil encontrar un punto en común, y entre más grande sea la comisión de postulación, más complicado será su funcionamiento”, subraya Argueta.

También recuerda que los observadores de la sociedad civil objetaron que los comisionados se integraran en grupos para analizar expedientes, y dijeron que cada expediente debía ser estudiado por cada comisionado. “Ya se dio cuenta lo que es analizar más de 700 expedientes entre 34 personas. A veces piden —la sociedad civil— cosas sanas, pero imprácticas e irrealizables”, expresó Argueta.

Citó, por ejemplo, que al efectuar el proceso de esa manera, duraría unos ocho meses, lo que es inviable.

Presupuesto propio

Rolando Escobar Menaldo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, señala entre otros aspectos que la comisión debe tener presupuesto propio, con el objetivo de contribuir a su independencia.

El decano subraya que se deben regular las inhibitorias, a efecto de que los comisionados puedan ser sustituidos sin entrar en conflicto con la ley y la Constitución. “Este tema no se ha abordado, y ha creado problemas”, afirmó.

También enfatizó que se debe regular lo referente a la ponderación de la parte ética, y cita como ejemplo lo que pasa con un postulado que de los 15 puntos obtenga cero. Tendría aún 85 puntos y podría pasar, “y yo creería que este debería de ser el primer filtro, para que los candidatos que tengan esos méritos puedan pasar a la siguiente etapa”, expresa.

Escobar considera que es “injusto” que algunos profesionales del Derecho con el perfil adecuado queden fuera como consecuencia de obviar la presentación de un documento que se acompaña a su hoja de vida. “Yo creería que se debe dar plazo para que los profesionales puedan subsanar la carencia de ese documento”, dice.

Afecta auditoría

Alejandro Quinteros, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), expone que uno de los valladares de la Ley de Comisiones de Postulaciones es la flexibilidad de los tiempos para elaborar los cronogramas, debido a que las comisiones no han hecho las convocatorias en el mismo plazo, lo cual dificulta la auditoría social.

Detalla que a diferencia de otros países, en donde las magistraturas son vitalicias, en Guatemala se tienen que elegir 180 abogados para las magistraturas de apelaciones —entre titulares y suplentes—, y “entonces de alguna manera los plazos necesitan alguna mejora”.

Considera que otro de los problemas es el presupuestario. Coincide con Escobar en que se debe contar con presupuesto propio, debido a que la ley establece quién paga las publicaciones, según el caso.

“Pero nunca se habla de quién paga el personal técnico-administrativo que tenga la comisión durante el tiempo que trabaje, y ello ha obligado a recurrir a la cooperación internacional, lo cual de alguna forma vicia el proceso porque toman parte actores externos en algo que es solo nuestro”, comenta Quinteros.

No eliminarán vicios

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia (MPJ), cree que las reformas a la Ley de Comisiones de Postulación “no van a eliminar los vicios, las anomalías y los espacios de arbitrariedad, pero mejorando la ley a través de las reformas se pueden ir reducir esos espacios”.

Además, destaca que las propuestas contienen la ampliación del plazo para el funcionamiento de las comisiones de postulación a cinco meses, y para la elección de la CSJ y de Apelación, ocho meses. Actualmente el período es de dos meses para que se instalen, trabajen y emitan una lista de aspirantes idóneos.

Sin embargo, con base en la experiencia del 2009, Ibarra reconoce que se podrían enfrentar escenarios “complicados”, particularmente en los procesos de las magistraturas de la CSJ y de Apelaciones, en donde los candidatos superan los 700, de tal manera que se tenga el tiempo suficiente para que el proceso sea seguro.

También coincide con Argueta en que la formación de 34 comisionados hace engorroso el proceso, porque supondría hacer 34 rondas por cada uno de los aspirantes que haya. A menos que se disponga que ya no se tratará el tema de la reconocida honorabilidad de la forma en que se ha hecho. “De todas formas, es mejor que trabajen con tiempo”, asegura Ibarra.

Proceso burlado

Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), dice que pese a la implementación de la Ley de Comisiones de Postulación, el proceso de todas maneras “es burlado”.

Agregó que para evitar esa situación se requiere un esfuerzo para hacer “más públicas las discusiones y la toma de decisiones”. Cita como ejemplo que el proceso en el que se eligió a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, así como el de las cortes. “Fue sumamente accidentado”, dice.

Indica que el evento más próximo es el de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y califica de “injustificable” que se tenga que presentar una lista de 40 candidatos para integrar ese órgano.

“Es demasiada gente, es una cantidad exagerada de personas, y esto se puede superar solo con reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para que en vez de 40 sean 15 o 20”, puntualiza el jurista.