Prensa Libre

ACAN-EFE

En un estudio sobre actores involucrados en el proceso de adopciones irregulares a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Adopciones, presentado hoy, la Cicig sostiene que en decenas de casos la PGN “no realizó una investigación profunda”  para determinar el origen de los niños dados en adopción.

El fiscal costarricense Francisco Dall'Anese, jefe de la Cicig, indicó que el estudio establece los resultados de una investigación realizada por esa comisión en apoyo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (Unicef), para determinar los delitos cometidos en contra de la niñez guatemalteca por parte de aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad.

“Disminuir la violencia y la impunidad en este tipo de delitos requiere no sólo una amplia voluntad política en el ámbito criminal y de investigación, sino que se necesita que esa voluntad se amplía a todas las instituciones encargadas de la protección de la niñez”, señaló Dall'Anese.

Según el informe, en al menos 75 casos tramitados a partir de enero de 2008, cuando cobro vigencia la Ley de Adopciones, se determinó que funcionarios de la PGN no realizaron “una investigación profunda en cuanto a la búsqueda o determinación del origen de los niños”  dados en adopción a extranjeros.

Esa situación, indica el documento, dejó vacíos en cuanto a la posibilidad de ubicar la procedencia u origen de los niños, con respecto a sus familias biológicas.

Además, sostiene el estudio de la Cicig, hay casos en donde la presentación de documentos falsos de identificación fue objeto de denuncias ante la Fiscalía, y a pesar de que esos delitos fueron identificados y denunciados, “los jueces emitieron declaratoria de adoptabilidad de niños robados o comprados”.

Dall'Anese explicó que el informe, que fue entregado al presidente Álvaro Colom, incluye “recomendaciones puntuales”  para corregir los futuros procesos de adopción, las cuales confía en que “se cumplan de conformidad con las obligaciones nacionales e internacionales”  para proteger los derechos de la niñez.

Entre otros, la Cicig recomendó aprobar el reglamento de la Ley de Adopciones, para regular todas las fases del proceso de adopción, así como el establecimiento de reglamentos y manuales de procedimiento de las instituciones que tengan participación en estos.

Además, pidió a la Corte Suprema de Justicia, “evitar que los juzgadores involucrados en trata de personas con finalidad de adopción irregular, continúen vinculados a procesos de adopción o a causas penales relacionadas con esta materia”.

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Adopciones, en enero de 2008, la cual creó el Consejo Nacional de Adopciones como organismo rector de esos procesos, puso fin a las millonarias ganancias que obtenían las mafias dedicadas a las adopciones ilegales.

Según organizaciones que velan por la protección de los derechos de la niñez, esa mafias se embolsaban unos 200 millones de dólares anuales con las adopciones ilegales.