
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió ayer dar trámite a las solicitudes de antejuicio contra el diputado Ferdy Berganza y los jueces Élder Rocael Girón y Dora Leticia Monroy, para quienes también se acordó nombrar juez pesquisidor en cada caso.
Berganza es acusado de haber agredido y amenazado a Élmen Mérida, director ejecutivo del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP).
El diputado fue denunciado en el Ministerio Público por Mérida, quien lo acusó de haberlo golpeado y amenazado con una pistola, en su propia oficina, el 11 de enero último, porque había anunciado que pondría controles debido a que personal contratado por Berganza no llegaba a laborar.
A raíz de ese hecho, el diputado fue expulsado de la Unidad Nacional de la Esperanza, y poco después se integró a la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder).
El juez pesquisidor a cargo del caso contra Berganza es Rudy Pineda, vocal segundo de la Sala Primera de Apelaciones.
Jueces investigan a jueces
Respecto de Girón, el juez pesquisidor es Selvin Flores, presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones.
Girón es investigado luego de que el Ministerio Público lo denunciara por haber denegado la aprobación para allanar una casa de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. La Fiscalía presumía que en ese inmueble se encontraban dos sospechosos de asesinato, de donde probablemente se dieron a la fuga.
En lo que respecta a Monroy, el juez pesquisidor es Axel Maaz, vocal primero de la Sala Primera de Apelaciones.
Monroy fue denunciada por retardar el embargo de cuentas de Jarol Gil Muñoz, sospecho del desvío de Q90 millones en el Ministerio de Gobernación.
Los magistrados de la CSJ coincidieron en que se debe investigar si hay delito qué perseguir.
Tienen 60 días
El magistrado Héctor Maldonado expresó: “Se llegó a la conclusión de que era necesario nombrar jueces pesquisidores para que analicen si hay elementos que indiquen la posible participación de un hecho delictivo”.
Explicó que los jueces pesquisidores deben recabar toda la información que haya contra los investigados. Como primer paso, deberán ratificar cada denuncia.
Para efectuar las investigaciones, los jueces pesquisidores tienen 60 días, y luego deberán presentar un informe al pleno de magistrados respecto de si hay indicios de un hecho delictivo.
Serán los magistrados de la CSJ quienes decidan si proceden los antejuicios.
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