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20/07/13 - 00:00 Nacionales

Erasmo Velásquez: “Debe pedirse auditoría”

El economista Erasmo Velásquez afirma que se debe revisar la viabilidad de la emisión de bonos del tesoro para pagar deudas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y ejecutar nuevos proyectos, pues existe poca información sobre el destino de casi Q3 mil 500 millones.

Durante una entrevista en el programa Diálogo Libre, transmitido a través de www.prensalibre.com, Velásquez, que también se desempeñó como viceministro de Economía en el 2008 y 2009, subraya la necesidad de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) intervenga y confirme en realidad cuál es el adeudo, antes de que el Congreso conozca la posibilidad de endeudar al país pagando contratos que podrían ser ilegales.

¿Realmente se le puede llamar deuda flotante a este pago pendiente?

Esos gastos fueron generados sin estar presupuestados; por lo tanto, no es deuda flotante porque el requisito para que lo sea es que haya partida presupuestaria, que haya pasado todo el proceso de contratación y que haya quedado pendiente hacer efectivo el pago.

Técnicamente está mal empleado —el término—, es un gasto fuera de presupuesto.

¿Eso significa que no es válido el pago?

Hay un procedimiento que se debió llenar por quienes ejecutaron ese gasto. En este caso el CIV, que ha solicitado los bonos para honrar la deuda, debió cubrirse las espaldas solicitando un dictamen de la CGC.

¿Al no hacerlo, la deuda a pagar es ilegal?

Es ilegal porque no está registrada en la contabilidad del Estado, no hay ningún acreditamiento en los registros donde aparezca. Hoy por hoy el director de la contabilidad del Estado tendría que certificar si existe o no. Solo si existió partida presupuestaria para esos trabajos se consideraría deuda flotante.

¿Cómo evalúa el proceso de emisión de bonos hasta este momento?

Hay mucha contradicción. Por un lado, el ministro de Comunicaciones indica a Prensa Libre que los Q3 mil 500 millones son para pago de deuda, después el presidente —Otto Pérez Molina—, al día siguiente del dictamen de la Junta Monetaria (JM), dice que Q2 mil millones son para deuda y Q1 mil 500 millones para proyectos en los municipios. Y por último, el Banco de Guatemala dice que es para proyectos futuros de inversión.

En cuanto a la supuesta deuda del CIV también ha variado el monto. ¿A que se debe?

Debe estar documentado. Al no encontrar documentos, lógicamente ahora que el CIV contrata una firma para desarrollar esa auditoría dijo que en papeles asciende a Q3 mil 500. Aunque oficialmente se desconoce, no ha habido ninguna información transparente de los trabajos efectuados.

¿Cómo se pueden entender todos los elementos en su conjunto?

Simple: no participó la CGC. Si hubiera participado, el monto estuviera apegado a la Constitución y se hubiera confirmado que los trabajos y montos son legales y no hubiera contradicciones.

En el Congreso hay diputados que conocen de esto y pueden recibir la iniciativa y verificar si viene acompañada de la certificación del Estado donde se siguió el procedimiento para consolidar la deuda.

¿Podría haber intereses políticos y económicos tras la solicitud de aprobación de bonos?

Hay un interés del trabajo hecho por las empresas. Si está documentado se acepta la deuda y ellos ya hubieran accedido legalmente en contra del Estado. Talvez no lo quisieron hacer porque ahí tienen trabajo.

El Congreso antes de aprobar cualquier cosa, y para no someterse al Ejecutivo, debe pedir a la CGC una auditoría forense, porque están queriendo legalizar una irresponsabilidad y se somete el Congreso al Ejecutivo legalizándole un gasto no presupuestado.

¿Habría presión de financistas de campañas?

Que la gente tema sobre el uso de ese dinero es por las contradicciones que el mismo Gobierno ha generado al no haber una sola posición en el destino del dinero requerido.

¿Por qué las empresas, pese a deberles tanto dinero, no han quebrado y siguen prestando sus servicios al Estado?

O tendrán un capital enorme para financiarle al Gobierno millones de quetzales en trabajos o puede ser un trabajo sobrevalorado y no se siguieron los procedimientos de ley.

No creo que haya en países como el nuestro empresas que soporten invertir Q400 millones y no ver un centavo desde hace ocho años a lo que se invirtió. Ahí es la importancia y por eso existen los mecanismos para que la CGC revise esa deuda y decirle a la población, que es la que paga los impuestos, cuánto es de deuda y que esté verificada.

¿Cuál es el efecto en la macroeconomía de este posible endeudamiento?

Estaría generando un incremento del déficit fiscal que se había programado, un incremento no más allá del 2.2 por ciento, y con este endeudamiento se elevaría al 3 por ciento, provocando un desequilibrio para cubrir gastos que no van a generar riqueza, y en consecuencia, en el tipo de cambio e inflación.

Tenemos estancada la economía y la recaudación fiscal ha caído por concepto de importación de los impuestos, y esto obedece a que el aparato productivo no está requiriendo más materia prima ni bienes para seguir produciendo. Está estancado.

¿Cómo se ven reflejados en la población estos desequilibrios económicos?

El proceso normal. El dinero pierde poder de compra porque lamentablemente el ingreso de los consumidores en el mediano y largo plazo es constante.

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Camino para aprobación

El Ejecutivo planteó la necesidad de emitir Q3 mil 445 millones en bonos para pagar deuda del CIV.

En el 2012 el CIV dice  haber recibido Q11 mil 500 millones en deuda a contratistas del Estado.

Tras una depuración,  la deuda fue reducida hasta el monto actual, cercano a los Q3 mil 500 millones.

El CIV pidió la emisión de bonos para no utilizar el presupuesto ordinario en pago de deuda.

El presidente Otto Pérez planteó hace una semana que parte de los bonos se destinará a caminos rurales.

La Junta Monetaria dictaminó a favor de la deuda estatal y se presentará   la iniciativa al Congreso.

El Legislativo tiene que conocer el proyecto y aprobarlo de urgencia nacional.


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