Prensa Libre

POR óSCAR ISMATUL

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también reporta 11 mil 83 casos de desnutrición aguda tratados en el sistema nacional de Salud, y de ellos, 56 niños han muerto a causa de una mala alimentación.

Caravantes se reunió ayer con la diputada Rosa María de Frade para discutir sobre diversos temas de la Secretaría a su cargo.

En la cita dijo: “La situación nos condiciona a una verdadera crisis, ya que a diferencia de años anteriores, no solo el Corredor Seco tiene problemas serios”.

Añadió: “Sololá, Huehuetenango, Quiché y el sur presentan cuadros que nos colocan como el número uno en América Latina y el cuarto lugar a nivel mundial en desnutrición crónica”.

La desnutrición aguda es aquella que presenta más riesgo de muerte para el menor, y debe ser atendida de inmediato.

La desnutrición crónica se muestra con retardo en el crecimiento del niño.

Caravantes afirmó que aunque la desnutrición no es nueva en el país, “el avance por las condiciones climáticas y la pérdida de cosechas pone en grave riesgo la seguridad alimentaria —en algún porcentaje— de más del 50 por ciento de la población”.

Respuesta lenta

Maira Ruano, coordinadora del programa Seguridad Alimentaria, del Ministerio de Salud, aseguró que el Congreso “tardó demasiado tiempo para asignar fondos tras la catástrofe causada por el paso de la tormenta Ágatha”.

“En 15 días, podemos tener niños con desnutrición aguda, si no tratamos las emergencias alimentarias a tiempo; por ello, los recursos eran necesarios inmediatamente”, aseveró.

La Mesa contra el Hambre, entidad que aglutina a organizaciones de la sociedad civil que buscan garantizar el acceso a la alimentación, rechazó las políticas que el Gobierno implementa para el combate del hambre.

Pablo Sigüenza, del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales e integrante de esta instancia, aseguró que la asistencia que da el Estado es solo para atender la emergencia, pero no para erradicar el hambre.

“Los programas que tiene la Sesan (Secretaría de Seguridad Alimentaría y Nutricional) son únicamente para atender una primera parte, y consisten en ayuda alimentaria”, expresó.

Sigüenza opinó que los niveles de desnutrición aguda pueden aumentar no solo en el grupo de los niños, sino también en las mujeres, que son otro sector vulnerable.

Marco jurídico y educación

De Frade ofreció comenzar un proceso de fiscalización sobre los recursos que el Estado utilizará para atender la seguridad alimentaria, y revisar el marco jurídico actual que la regula.

“Vemos con profunda preocupación que no hay procesos de verificación, y por ello analizamos efectuar visitas de campo”, expresó.

La eferregista Zury Ríos, diputada de la Comisión de Salud, dijo que es necesario exigir al Gobierno planes de educación a la par de los programas de asistencia.

Añadió: “Habría que preguntarse si en la entrega de transferencias condicionadas el Gobierno educa a los beneficiarios con programas sobre cómo alimentarse bien y los alimentos que no deben faltar en el hogar”.

De Frade y Ríos coincidieron en la necesidad de fortalecer los programas de reducción de la pobreza y los controles en el uso de los recursos.