Guatemala

Documentos sirven de prueba en juicios

Cinco años después del hallazgo del archivo de la Policía Nacional (PN), los documentos que guarda comienzan a ser usados como pruebas concluyentes para resolver casos relacionados con violaciones de los derechos humanos durante la guerra interna.

Por CAROLINA GAMAZO

Hoy tendrá lugar la audiencia de apertura a juicio de Fernando García —esposo de Nineth Montenegro—, secuestrado el 18 de febrero de 1984 por personal del Cuarto Cuerpo de la extinta PN.

La peculiaridad de este juicio es que por primera vez se utilizarán como prueba documentos tomados del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).

Precisamente para este caso, el archivo aportó 667 documentos, que han resultado “determinantes para la investigación”, comentó Luis Roberto Romero Rivera, fiscal de Averiguaciones Especiales de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

“Entre ellos encontré un documento en el que el jefe del Cuarto Cuerpo de la PN solicitaba que se condecorara a cuatro sujetos por haber estado el 18 de febrero de 1984 en el operativo denominado Limpieza y Patrullaje, efectuado en el mercado de El Guarda”, explicó Romero.

Esa orden de condecoración, crucial en el juicio, es solo un ejemplo de lo que contienen los casi 80 millones de folios descubiertos hace cinco años en la hoy Comisaría 12, en la zona 6.

La labor de recuperación y digitalización desarrollada desde entonces ha sido esencial para la confirmación oficial de violaciones a derechos humanos por parte del referido cuerpo policial en el transcurso del conflicto armado, especialmente entre 1975 y 1985.

“Debido a que son contemporáneos con la acción, los registros son una fuente de información única. No son solo el recuerdo de una persona; son la documentación de la jornada de trabajo de la policía”, manifestó la asesora archivística estadounidense Trudy Petterson, que colabora estrechamente con la recuperación del AHPN.

Buscan documentación

Hay más de cien casos abiertos, tanto por el Ministerio Público como por la PDH, en los que se ha solicitado información del archivo, según indicó Gustavo Meoño, director del AHPN.

Entre ellos se encuentran procesos paradigmáticos, como el del líder estudiantil Oliverio Castañeda, muerto el 20 de octubre de 1978, o el del líder político Manuel Colom Argueta, asesinado el 22 de marzo de 1979.

En la Unidad de Averiguaciones Especiales de la PDH se siguen más de cien casos del conflicto armado interno, de los cuales 35 ya cuentan con documentación del fondo.

Se encuentra el caso de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, secuestrado el 6 de octubre de 1981, y el de María Rumualda Camey, desaparecida en 1989. Aunque es el proceso de Carlos Ernesto Cuevas Molina uno de los más avanzados, según explicó Romero.

Cuevas Molina, presidente del comité ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Universitarios, fue secuestrado el 15 de mayo de 1984. Poco más tarde, asesinaron a su esposa e hijo. El archivo ha aportado más de mil folios a esta causa, afirmó Romero. “Ya tenemos sobre quiénes vamos a ir, y no son cargos bajos, sino de intermedio para arriba”, dijo.

Caso del Diario Militar

El caso del Diario Militar es otro de los litigios en los cuales resultan decisivos los documentos hallados en el archivo administrativo del extinto cuerpo policial.

En 1999, el Diario Militar, que comprende 53 folios con fichas completas de 183 personas —nombres, fotografías e incluso órdenes de ejecución—, fue desclasificado en Washington por la National Security Archives.

Al principio se negó su veracidad, alegando falta de membretes oficiales. Sin embargo, tales fichas hacían mención al papel representado por la PN. Así, el personal del archivo dirigió la investigación para encontrar documentos que relacionaran el diario castrense con el apoyo policial.

“Hemos localizado ya un número importante de documentos que demuestran que lo que dice el diario concuerda con lo que la policía hizo oficialmente”, aseveró Gustavo Meoño.

En ese sentido, los hallazgos se complementan. Ya que, tal como detalló Meoño, el AHPN es puramente administrativo, es decir, relata las acciones efectuadas por agentes, pero no incluye expedientes.

Familiares investigan

El archivo cuenta con la Unidad de Acceso a la Información, que entre enero del 2009 y junio del 2010 recibió a 443 usuarios particulares que solicitaban información. En este sentido, la labor realizada por familiares de víctimas ha servido de gran apoyo en la construcción de esos “expedientes virtuales”.

Una de esas personas fue Marta Hernández, hermana de Luz Letizia Hernández, desaparecida en 1982. “Los mayores resultados fueron obtenidos gracias al esfuerzo realizado por su hermana”, explica Meoño con relación a ese caso, que ya obtuvo condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, la Unidad de Acceso a la Información cumple una de sus labores fundamentales como resarcimiento de las personas que perdieron a sus allegados durante el conflicto.

Una de esas personas es “José” —prefiere no identificarse—, quien perdió a sus padres durante el conflicto. Su padre fue ejecutado en 1986, y su madre “desapareció” al poco tiempo.

José relató cómo sus sucesivos descubrimientos en el AHPN le causaron gran sufrimiento emocional, pues halló información sobre los mandos que ordenaron la ejecución de su padre.

Sin embargo, no considera la posibilidad de iniciar un juicio. “Lo que creo es que el Estado debiera publicar la versión oficial y reconocer lo ocurrido, en los libros de Historia”, reclamó.