El informe, que fue presentado por el secretario de Estado, John Kerry, menciona el caso del corresponsal de Prensa Libre en Retalhuleu, Rolando Miranda, quien fue demandado por un ingenio.

“Compañías privadas también fueron acusadas de criminalizar el trabajo de periodistas. El 25 de julio, el reportero de Prensa Libre Rolando Miranda señaló a la plantación de azúcar El Pilar de intimidación y llenó una queja en una corte local. El Pilar demandó a Miranda por difamación debido a un reporte sobre la contaminación de un río local”, especifica el documento.

El asesinato de cuatro periodistas, la violencia y la impunidad “dañaron” la práctica del periodismo libre y abierto, indica.

“Algunos dueños y miembros de los medios acusaron al Gobierno de seguir políticas discriminatorias de publicidad”, se lee, y mencionan los señalamientos de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, de presiones gubernamentales hacia anunciantes privados.

Corrupción

“Entre los principales abusos de derechos humanos se incluye la corrupción institucional generalizada, particularmente en los sectores policial y judicial; el involucramiento policial y militar en delitos graves como secuestro, tráfico de droga y extorsión, y la violencia social, y contra la mujer”, expone el resumen ejecutivo del informe.

Con el encabezado “Corrupción y falta de transparencia en el Gobierno”, el reporte recuerda el caso de malversación millonaria de Adolfo Vivar, exalcalde de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, ocurrida en el 2012, y la detención, por lavado de dinero, de Rafael Eduardo González, exalcalde de San Miguel Petapa.

Kerry resalta en el documento que si bien la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público trabajan juntos y con independencia contra la corrupción, la falta de recursos “afectó sus capacidades”.

Más preocupaciones

El Departamento de Estado dedica varios párrafos a resaltar deficiencias dentro de la Policía Nacional Civil y enumera varios casos en que fueron sentenciados y capturados policías por diversos delitos.

Además, resalta un “grave hacinamiento” en el Sistema Penitenciario y califica de pésimas las condiciones de salud y sanidad en las cárceles. Resume condenas en el caso Pavón, la sentencia por genocidio contra Efraín Ríos Montt y la anulación de esta por parte de la Corte de Constitucionalidad.

Amenazas persisten

El informe menciona denuncias de intimidaciones y amenazas al ejercicio del periodismo en la provincia, principalmente por el crimen organizado. También señala las quejas que hubo en el 2013 sobre el uso preferencial de la publicidad oficial, para premiar o castigar a medios de comunicación.

Alcaldes demandados

La corrupción en los gobiernos locales fue destacada. “El alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, está bajo investigación por corrupción”, refiere el informe, en cuyo cierre aún se deliberaba sobre el retiro de inmunidad al jefe edil, lo cual procedió en una de sus demandas penales.

Debilidad institucional

Varias deficiencias fueron apuntadas respecto de las judicaturas y la impartición de justicia. “Mientras las judicaturas fueron generalmente imparciales e independientes en asuntos civiles, sufrieron por ineficiencia y debilidad institucional”, afirma el reporte, y que en ese sector hay corrupción.

Pueblos indígenas

Se reporta la falta de infraestructura pública para comunidades indígenas y que estas no son consultadas con regularidad en las decisiones que involucran explotación de recursos naturales. Además, resaltan  la falta de protección y auxilio para personas con diversidad de orientación sexual.

Dio voz a vecinos

Rolando Miranda, corresponsal de Prensa Libre,  publicó el 20 de abril del 2013 que pobladores de los cantones Pajales Central y Los Chunes, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, temían brotes de enfermedades debido a la contaminación del río Ixpaquibán, y responsabilizaban al ingenio El Pilar.

El reportero incluso publicó una versión de esa compañía. Sin embargo, la empresa demandó a Miranda por calumnia e injuria. Diferentes sectores criticaron ese acoso contra la Prensa y el ingenio desistió de la acción penal.