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03/06/10 - 00:00 Nacionales

Ecologistas critican respaldo a minería

El presidente Álvaro Colom señaló ayer que el Estado no ordenará la suspensión de las actividades de la mina Marlin, y afirmó: “Hasta el momento no hay fundamento para ello”, opinión que causó rechazo entre grupos ecologistas.

POR ÀNGELS MASÓ Y ALBERTO RAMÍREZ

La declaración del gobernante sorprendió y molestó a grupos ambientalistas que le exigen que cumpla con lo requerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que cierre la mina, por violaciones a los derechos humanos.

Colom se manifestó a favor de Marlin, tras la emisión de su programa radial Despacho Presidencial, ayer, desde la Coordinadora Nacional de Desastres.

El presidente explicó que el informe sobre la mina —que extrae oro y plata en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos— lo está redactando una comisión, y luego señaló: “No creo factible la suspensión de la minería”.

El 21 de mayo último, la CIDH le dio al Estado de Guatemala un plazo de 20 días para detener las actividades en la mina e implementar acciones para prevenir la contaminación ambiental en la zona hasta que se adopte una decisión final.

La CIDH también ordenó medidas cautelares para proteger a pobladores que viven alrededor de la extractora.

Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental, dijo que la determinación de Colom es irresponsable, y al no cumplir la decisión de un órgano internacional de derechos humanos, hace quedar mal al país.

Magaly Rey Rosa, de la Escuela de Pensamiento Ecologista Savia, aseguró: “Se demostró desde el principio que Marlin viola los derechos humanos de los indígenas de esa área, y que el Gobierno, y los anteriores, son responsables de ellos”.

Añadió: “La opinión de Colom demuestra que su verdadero lado no es social demócrata, que no se preocupa de los intereses del pueblo”.

Roberto Cáceres, de la Asociación de ONG ambientalistas, afirmó: “Es preocupante que se ignore a la CIDH, porque en esa resolución participaron muchos juristas internacionales calificados”.

“En materia de derechos humanos ese fallo está por encima de las leyes del país, porque solo la Corte de Constitucionalidad puede decir si es legal o no”, agregó.

Vinicio López, director de la Comisión de Paz y Ecología, de la Diócesis de San Marcos, ve decepcionante la opinión de Colom, porque “los funcionarios no parecen autoridades de Estado, sino voceros de la transnacional”.


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