
Una marcha denominada La Dignidad de los Migrantes fue efectuada ayer por indocumentados y habitantes de Arriaga, Chiapas, México, un poblado ubicado a 300 kilómetros de la frontera con Guatemala, para repudiar la masacre de 72 inmigrantes en Tamaulipas.
Los manifestantes denunciaron lo que llamaron la incapacidad de Felipe Calderón, presidente de México, para frenar la violencia sistemática en contra de los indocumentados.
En la caminata participaron migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, así como integrantes de la sociedad civil y activistas defensores de derechos humanos del vecino país.
Los manifestantes portaban cruces de madera, banderas de los países centroamericanos y pancartas en que le exigían al Gobierno mexicano terminar con los secuestros, violaciones sexuales y asesinatos contra los migrantes.
“Calderón, somos migrantes, no delincuentes, respeten nuestros derechos”, se leía en una de las mantas.
La marcha partió del albergue Hogar de la Misericordia y concluyó cerca de la estación de ferrocarriles, en donde el sacerdote Heyman Vázquez Medina, director de la Casa del Migrante, hizo una oración en memoria de las víctimas de la masacre.
A este poblado arriban decenas de indocumentados para abordar el ferrocarril que los acerque a la frontera con EE. UU.
Piden destitución
Durante su recorrido, los manifestantes exigieron la destitución de Cecilia Romero, delegada del Instituto Nacional de Migración de México (INM), a quien acusan de incapacidad y de contribuir al fortalecimiento de las mafias, principalmente en esa institución.
Rubén Figueroa Díaz, coordinador del albergue para inmigrantes de Huimanguillo, Tabasco, exhortó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a que integren una comisión independiente que investigue la masacre de Tamaulipas y eviten que el Gobierno mexicano supuestamente esconda o manipule los hechos de violencia.
Vigilar con lupa
Figueroa también alertó a las organizaciones de derechos humanos a “vigilar con lupa” la actuación de las autoridades mexicanas, en especial de los agentes del INM, quienes, indicó, podrían estar involucrados con el crimen organizado, para el tráfico de seres humanos.
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