Prensa Libre

POR BILL BARRETO

“No hay un código de construcción que reúna todas las normas en el país”, dijo Luis Álvarez Valencia, vicepresidente del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala (ICCG), miembro de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (Agies).

El ingeniero destacó la existencia de dos problemas fundamentales que han salido a luz luego del reciente terremoto: “Los profesionales sí trabajan con normas; el problema de las viviendas es la construcción empírica y el escaso control por parte de las municipalidades”.

Luis Fernando Olayo, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Rurales (Ceur) de la Universidad de San Carlos, apunta a un descuido histórico. “No hay preocupación por parte de las autoridades de entrarle de lleno a la reglamentación de construcción. Se construye con normas municipales con niveles de exigencia no muy rigurosos”, explicó.

El arquitecto Olayo dice que solo el 5 por ciento de las 334 comunas cuenta con reglamentos de construcción con criterios técnicos, como las de capital, Antigua Guatemala y Quetzaltenango.

Falta de control

Héctor Monzón, presidente de la Agies, señaló que no se ha extendido en las municipalidades la práctica de adoptar normas de seguridad estructural, como las formuladas por esa asociación.

“Los proyectistas nacionales trabajan desde hace décadas con un sistema de autopresión ética. Se toma un criterio que usted cree que es correcto, y ese es el que se aplica respecto de los edificios, pero con las casas hechas de mampostería eso siempre ha sido un misterio”, indicó Monzón.

Álvarez comentó que no en todas las municipalidades hay técnicos o ingenieros que efectúen un análisis de las solicitudes de licencias de construcción. “En algunos casos creo que ni los solicitan. Eventos como el pasado sismo muestran la necesidad de hacer cambios”, en la regulación, afirmó.

Rubelio Recinos, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), confirma ese extremo. “Hay municipalidades demasiado pobres que no cuentan con los recursos como para tener técnicos y supervisar”, detalló el también alcalde de Barberena, Santa Rosa.

Las unidades técnicas de las comunas son las encargadas de revisar que las nuevas construcciones cumplan con los requisitos mínimos, mencionó Recinos, lo cual se ha descuidado durante años, “por falta de recursos”.

Cada unidad debería contar como mínimo con un director, un ingeniero civil y un asistente, dijo el edil, y su costo promedio de funcionamiento sería de Q30 mil al mes.

Recinos recordó que las comunas recuperaron este año la atribución de cobrar por las licencias de construcción, según el decreto 14-2012. Agregó que cada una elabora su propio reglamento de construcción.

Olayo afirmó que se han generado reglamentos relacionados con la construcción, “pero queda en manos de cada municipalidad exigir el cumplimiento de esas normas, y no ha habido interés. Debería ser un requisito”.

Héctor Flores, director de Control Territorial de la comuna capitalina, explicó que siguen las normas sugeridas por Agies desde hace un año, y que como parte de los requisitos para emitir las licencias de construcción “se necesita la firma de un ingeniero o arquitecto colegiado”.

Sin embargo, la verificación de la resistencia y la calidad de las obras enfrenta graves obstáculos. “La norma está dada, pero en la práctica garantizar la resistencia estructural de las construcciones tiene que ver con el respeto a las proporciones en los materiales”, señaló Flores. “Lo nuestro es administrativo, ver que se tenga el plano firmado”, expresó.

Una medida postergada

En 1978 se efectuó el primer simposio para unificar los criterios de construcción en materia sísmica, pero según Monzón, la disputa de dos grupos de asesores académicos estadounidenses que pretendían redactar la normativa frustró el intento.

Tras el terremoto de 1986 en El Salvador, hubo una nueva iniciativa, pero cambios en el Ministerio de Comunicaciones impidieron su continuidad.

En el 20 aniversario del sismo de 1976, un grupo de profesionales formó la Agies para que fueran las mismas entidades profesionales las que tomaran la iniciativa de crear normas de seguridad estructural, a semejanza de Estados Unidos.

“Sobre esa primera normativa no hubo mayor interés. Se hizo una actualización en el 2000, y la Universidad de San Carlos empezó a usar las normas para la enseñanza. Luego, no fue sino hasta el 2009 cuando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) adoptó las primeras de ellas, la NRD1 y la NRD2, para la construcción de infraestructura”, expuso.

Monzón destacó el poco interés de las municipalidades en adoptar estatutos sobre la seguridad estructural. “Las normativas no han trascendido a otras municipalidades”, manifestó.

Lecciones del ‘76

En contraste con el terremoto de 1976, “registrado a las 3 de la madrugada”, el reciente sismo fue a las 10.35 horas, lo que pudo limitar el número de víctimas, apuntaron especialistas.

Monzón, quien tiene un doctorado en Ingeniería Civil, visitó San Marcos, Quetzaltenango y Retalhuleu, a petición de la Conred, un día después del sismo.

“La construcción en general es mejor hoy que hace 30 años, excepto cuando se abusa de la técnica empleada en edificaciones de uno y dos niveles, para llegar a tres o cuatro pisos”, aseveró.

Poblaciones que no fueron afectadas en 1976, como San Marcos y Santa Rosa —que afrontó varios sismos el año pasado—, no experimentaron tantos cambios en sus sistemas de construcción. “Los mayores problemas están en las edificaciones de adobe, donde se da un porcentaje significativo”, señaló.

Los expertos consultados afirmaron que en la región suroccidental afectada, San Marcos, Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango, los mayores problemas se dieron en obras de adobe, aunque también en algunas de block.

Álvarez apuntó a la baja calidad de block en la provincia, como causa de daños en construcciones de ese material.

“En San Marcos pudimos ver casas de block con serios daños a la par de otras casas sin nada. Es necesario mejorar la calidad del block, con controles de calidad”, añadió.

Más Capacitación

Como conclusiones, Monzón señaló que las construcciones de block con refuerzos resistieron bastante bien, aunque se tiene que vigilar la calidad de materiales y capacitar a los maestros de obra.

“La capacitación no implica aumentar el precio de las construcciones. En general el trabajo de los maestros de obras es bueno, pero debe haber más formación”, puntualizó.

Flores, de la comuna capitalina, hizo énfasis en la capacitación de los maestros de obras, pues ellos se encargan de construir la mayoría de casas.

Monzón sugirió contar en las comunas con listas de maestros de obras calificados, aunque reconoció el riesgo de politización.