Prensa Libre

POR J. LARA, H. ALVARADO Y S. VALDEZ

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, dijo que algunos reos tienen derecho a reducción de pena y otros esperan juicio.

“Todo esto ha sido fuente de violaciones a los derechos humanos”, expresó el funcionario.

López Bonilla comentó que una de las acciones que deben tomar es clasificar a los reclusos.

César Barrientos, magistrado presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, informó que para resolver ese problema nombraron a tres jueces de Ejecución, dos para la capital y uno en Quetzaltenango —no precisó los nombres—, para agilizar las solicitudes.

Reconoció que ese número de jueces no es suficiente, ya que Honduras tiene 14, y Nicaragua, 16.

Óscar Rivas, juez segundo de Ejecución, señaló que uno de los inconvenientes es que el SP se atrasa en el envío de los informes de conducta y trabajo cumplido por los presos.

Añadió que transcurrida la mitad de la condena, el reo puede solicitar la redención, pero si comete otro delito, debe cumplirla la pena completa y la nueva sentencia que se le dicte.

Rivas expuso que el SP debe demostrar que el prisionero se rehabilitó y que durante el cumplimiento de su condena no se fugó ni lo intentó, pues de ser así no puede optar a la redención de pena.

El juez refirió que cada semana recibe, en promedio, 30 solicitudes de redención de pena, y en el mismo período resuelve entre 15 y 20 expedientes.

Coordinación

Blanca Stalling, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, comentó que muchos prisioneros presentan las constancias requeridas, pero no a todos les resuelven su caso.

Ejemplificó que el año recién pasado conocieron 890 expedientes, de los cuales unos 200 se resolvieron de forma favorable y 195 se denegaron; el resto no se tramitó, lo que vuelve complejo el sistema.

“Habría que pedirle al Ministerio Público que no rechace los documentos informales, porque eso obliga a reiniciar las gestiones y causa la acumulación de expedientes”, afirmó.

David Dávila, coordinador del Área de Privados de Libertad y Derechos del Recluso, del Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales, dijo que el Registro Central de Detenidos pretende que el Organismo Judicial tenga, además de los datos de la detención, tiempo de sentencia, años de reclusión, penal en que se cumple sentencia, entre otros datos, pues esa información permitiría un mejor control.

Javier Monterroso, asesor del MP, informó que el cumplimiento de la pena no es el único requisito para quedar libre, y que esa entidad investigadora no tiene la última palabra al respecto.