Prensa Libre

POR OMAR ARCHILA

El estudio indica que la falta de acción se da en el marco “de una estrategia de amedrentamiento de la población civil, en zonas donde se desarrollan procesos de organización social para la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad”.

El informe fue desarrollado por 10 investigadores, siete de los cuales trabajaron en el conflicto de tierras en el Polochic, y tres en San Marcos, acerca de los problemas derivados de la mina Marlin.

Conclusiones

Según el informe, existe insuficiencia en los mecanismos previstos para favorecer el acceso a la tierra y los proyectos productivos de las comunidades indígenas y campesinas. Añade que las instituciones se muestran débiles e incapaces de responder cuando se trata de la protección de derechos.

De 236 testimonios recopilados, 203 muestran violación a los derechos humanos de los campesinos, quienes aseguraron haber sido víctimas de ataques selectivos, hostigamiento, amenazas, agresiones, campañas difamatorias de desprecio, acusaciones y criminalización.

Sobre la mina Marlin

En relación con los proyectos de la mina Marlin, el informe asegura que existe una vulneración del derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán. También que la empresa minera presentó un estudio de cumplimiento con datos falsos, para conveniencia del Estado.

Recomendaciones

Los investigadores consideraron urgente que el Gobierno acate y ejecute las medidas cautelares dictadas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en los casos del Valle del Polochic y las poblaciones afectadas por la mina Marlin.

El director de la PNC, Jaime Otzín, aseguró que investigarán los hechos ocurridos en agosto último, para sancionar a los responsables.

Claudia Paz y Paz, jefa del MP, expresó que hay una fiscal de Derechos Humanos a quien le asignaron los casos, y que hacen un protocolo para cubrir desalojos, el cual esperan esté listo en septiembre próximo.