Prensa Libre

POR A. ROJAS, S. MORALES Y B. BARRETO

“El edificio ya no es reparable y habría que demolerlo totalmente. Es inhabitable y la fianza de garantía de la obra venció este año”, informó el gobernador, de San Marcos Luis Rivera.

El funcionario aseguró que desde la edificación del inmueble la Contraloría General de Cuentas recibió denuncias de irregularidades en el proyecto e incluso un ingeniero estructuralista supervisó la obra, la cual, según Rivera, estuvo viciada en todo el proceso.

Prensa Libre efectuó un recorrido por la edificación y observó varias grietas en su estructura.

El edificio está inhabilitado desde el día en que ocurrió el terremoto, y figura en la lista de inmuebles que deben ser demolidos después de la evaluación a cargo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Se investiga

La vicepresidenta Roxana Baldetti resaltó que se ha solicitado el detalle del proceso de adjudicación de la obra, para deducir responsabilidades y entablar una denuncia legal contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) que la ejecutaron.

El mandatario Otto Pérez Molina —durante su visita con Baldetti a Retalhuleu— confirmó la investigación y que se evalúan y revisan los procesos de construcción de otros edificios públicos dañados por el sismo y de reciente construcción.

Rivera informó que se ha revisado el expediente y que el edificio se entregó concluido en el 2010. Explicó que la construcción se efectuó en dos fases.

La primera estuvo a cargo del Consejo Departamental de Desarrollo de entonces, y la segunda, por medio de la ONG Corporación de Servicios y Apoyo para el Desarrollo Comunitario (Corsadec).

Aunque no se logró establecer el costo total de la obra, Rivera dijo que la segunda fase tuvo un valor cercano a los Q5 millones, mientras que la primera etapa fue adjudicada a través de la administración municipal.

Señalamientos

El alcalde de San Marcos, Carlos Barrios, quien lleva cuatro períodos en el cargo, aceptó que durante su administración 2008-2010 se adjudicó la obra, aunque negó que fuera esa comuna la que decidiera qué empresa ejecutaría el proyecto, y aseguró que tampoco se utilizaron fondos municipales.

“Todo el trámite fue de la municipalidad como entidad ejecutora, pero los trámites de empresas fueron de Gobernación Departamental. No decidimos quién hacía la obra. A través de un oficio Gobernación nos pidió ser la entidad ejecutora”, aseguró Barrios, del Partido Patriota.

Sin embargo, Rivera insistió en que las deficiencias datan de cuando fue entregada la obra.

El gobernador afirmó que se debe comenzar la investigación sobre el proceso de construcción del inmueble.

Más casos

Pérez Molina calificó de irresponsable la adjudicación de obras sin que se verifiquen los procesos.

Durante la visita que efectuó a El Tumbador, San Marcos, enfatizó: “No es solo dar obras y gastar el dinero y ahora están mal hechas. Aquí hay una responsabilidad que hay que deducir y se están pidiendo las investigaciones”.

Según el mandatario, el edificio del Organismo Judicial en Quetzaltenango también afrontó daños estructurales y fue declarado inhabitable, lo mismo que otros inmuebles públicos en ese departamento, por lo que se esperan los informes correspondientes.

“En todos los casos se está investigando si fue por mala construcción y qué es lo que pasó”, insistió Pérez Molina.