Prensa Libre

POR CLAUDIA ACUñA Ciudad de Guatemala

Cojulún opinó que es improcedente decretar la desestimación, y mandó que el Ministerio Público (MP) profundice la investigación y que se escuche a la diputada.

Agregó que el MP incumplió, porque no escuchó a Baldetti, quien es la agraviada, según lo estipula la reforma al Código Procesal Penal. Tampoco citó a la sindicada.

“Para emitir un acto conclusivo, el MP deberá escuchar la opinión de la agraviada antes de tomar una decisión, con lo cual se viola el debido proceso”, enfatizó.

Agregó: “Sin considerar si hay delitos penales, se ha faltado al principio de extensión de investigación. El MP hizo una investigación de escritorio, solo recabando, sin determinar si la sindicada cumple como funcionaria pública”.

Baldetti expresó: “El juez obliga al MP a profundizar en los argumentos que expuse y, sobre todo, escucharme, para ver si los delitos por los que persigo a Torres proceden. El juez hoy retoma el camino, y se inicia el debido proceso”.

Añadió: “Solo el MP no se da cuenta de que Torres sigue siendo funcionaria, aunque no tenga acuerdo; sigue mandando y diciendo dónde se paga y a quién”.

Argumentos

Al inicio de la audiencia, el juez desalojó de la sala a Héctor Trujillo, abogado de Torres, debido a que esta no estaba presente.

En su exposición, Arardo Sandoval, fiscal que lleva el caso, planteó: “Es de conocimiento público; la sindicada no ha poseído cargo como empleada o funcionaria pública”.

Explicó que el MP investigó incumplimiento de deberes y desobediencia, pero le pareció que hay contradicción, porque debieran ser hechos cometidos por funcionarios o empleados públicos en contra de la administración pública.

El fiscal fundamentó su petición de desestimar el proceso en un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, “que es claro, preciso y contundente al decir que Torres no es funcionaria pública, porque no pertenece al renglón 011 ó 022, en otro de la Contraloría General de Cuentas y uno más del Ministerio de Finanzas”.

Baldetti y su abogado, Allan Castro, señalaron una violación al debido proceso. La diputada recordó las veces que citó a Torres al Congreso y esta no llegó. Hizo énfasis en los momentos en que la esposa del gobernante fue presentada como presidenta del Consejo de Cohesión Social, en actos públicos.

El juez envió un escrito al MP para que, si lo considera conveniente, designe a otro fiscal en el caso.

Poco después, Sandoval afirmó que no aceptará presiones, y que se inhibirá de continuar en el caso, por considerar que no tiene fundamento jurídico.