Prensa Libre

POR AGENCIA AFP Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA - “Nosotros siempre vimos esa acción legal (el juicio contra Garzón) como una represión de grupos franquistas y nos preocupan esos 11 años de inhabilitación porque pueden redundar en una acción de desistimiento de jueces en otros casos”, dijo el director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco.

“Lo preocupante es que jueces honestos y trabajadores, no sólo en España sino en todo el mundo, sientan esa condena como una represión y si continúan en los casos pueden tener una sanción en su contra”, agregó el directivo del GAM, integrado por familiares de víctimas de la represión militar durante la guerra guatemalteca  (1960-1996).

Sin embargo, consideró que Garzón deja un legado: “seguir avanzando en la lucha contra la impunidad y las violaciones a los derechos humanos en el continente americano”.

El GAM nació en 1984 a raíz de la desaparición de un sindicalista y ahora promueve juicios contra exmilitares y jefes policiales acusados de violaciones a los derechos humanos, así como reencuentros de familias separadas durante el conflicto.

El Tribunal Supremo español condenó este jueves a Garzón a “años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos”, según la sentencia.

La alta corte juzgó a Garzón a mediados de enero por haber vulnerado el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España.

Esto significa el fin de la controvertida carrera del juez español, mundialmente conocido por la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres y suspendido de sus funciones en España desde mayo de 2010.