Prensa Libre

POR ALBERTO RAMÍREZ ESPADA

Nadia Mijangos, coordinadora de Recursos Hídricos del MARN, afirmó que la reducción de contaminantes, que comenzó en el 2007, debía completarse en el 2024, pero ante la situación ambiental del país, fuentes contaminadas y escasez de líquido, se propone cumplir la meta para el 2021.

La funcionaria señaló que debido al cambio climático en el país, con constantes sequías, se debe pensar en contar con agua de calidad en el menor tiempo posible.

Con el apoyo de las agencias de EE. UU. para el Desarrollo Internacional y la Ambiental estadounidense se trabaja en una propuesta de reforma al reglamento, que estará lista en cuatro o cinco meses, agregó Mijangos.

El reglamento entró en vigor en el 2007, y en el 2011 se deberá hacer el primer monitoreo, para ver si los entes generadores, la industria y las municipalidades cumplen la normativa.

La legislación establece metas en cuatro fases, lo que podría implicar un cambio gradual en la calidad del agua de los ríos y los lagos.

Preocupación

Luis Muñoz, directivo del Centro de Producción Más Limpia de la Cámara de Industria de Guatemala, expresó su preocupación porque las empresas no tengan capacidad para implementar los procesos que implica cumplir con la meta.

Muñoz agregó que una reducción, aunque sea de tres años, tiene un impacto, porque muchas empresas ya habían planificado con el plazo anterior para cumplir el compromiso.

También consideró el hecho de que no todos los sectores saben que existe el reglamento y la capacidad de la referida cartera no es la que se quisiera.

Hay empresas que empezaron a identificar oportunidad al cumplir con el reglamento y ven que son más rentables tecnologías preventivas y no correctivas.

Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental, señaló que aún así los plazos son muy largos, y casos como los lagos de Amatitlán y Atitlán no pueden esperar tanto tiempo para detener las descargas residuales.

El MARN publicó en febrero último un reglamento específico para tratar las aguas residuales que se vierten en el Lago de Atitlán, que entrará en tres meses para los particulares y 18 meses para las comunas, el cual establece sanciones de Q5 mil a Q100 mil y penas de hasta cinco años de cárcel a quien incumpla la normativa.