Prensa Libre

POR SANDRA VALDEZ

La PDH indicó que ese estudio demuestra “la violación del derecho humano a la educación y a la seguridad de que es objeto la población, por falta de programas encaminados a facilitar el acceso a una educación integral de calidad, acorde a las necesidades actuales de la sociedad, por parte del Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Educación”.

La investigación contiene informes de instituciones nacionales e internacionales, así como estatales de la administración anterior y la presente, y en la cual se señala algunas fallas.

En forma general, el documento de la PDH especifica que las autoridades de Educación no han adoptado las medidas pertinentes para mejorar la calidad educativa, a lo que se suma la falta de acceso durante los últimos años, lo que ha ocasionado el aumento del analfabetismo.

Fallas y garantías por cubrir

De manera específica, el texto refleja que existe infraestructura inadecuada para el total de estudiantes que albergan los establecimientos educativos públicos, lo cual se agrava con las inclemencias del tiempo, y afecta aproximadamente a 80 mil educandos en el país.

Según la investigación, no hay control eficiente en la adquisición y entrega de textos y refacciones escolares.

La PDH declaró el incumplimiento en el principio constitucional de la gratuidad escolar y la negativa de las autoridades a brindar educación preprimaria, primaria y básica.

Demandó garantizar la implementación de programas educativos sobre temas de orientación sexual y psicológica, enfermedades de transmisión sexual y Derechos Humanos.

La institución ordenó que se revise el pensum de estudios y los sistemas de evaluación en establecimientos públicos y privados.

Esa orden incluye establecer políticas para dar becas a buenos estudiantes y garantizar su educación en todos los niveles, así como dar cobertura a niños con problemas de aprendizaje y con necesidades especiales, además de que se garantice la eliminación de la discriminación racial, cultural y física en los planteles del país.

Sobre seguridad

La Procuraduría ordenó al Ministerio de Gobernación que dé seguridad perimetral en establecimientos educativos, públicos y privados, en toda la Nación, debido al riesgo que corren lo estudiantes por la presencia de pandillas y reclutamiento de menores por grupos criminales.

También demandó que se coordinen acciones interinstitucionales para ofrecer seguridad en planteles en zonas de alto riesgo.

El procurador Sergio Morales exigió que se prioricen fondos del programa de Escuelas Seguras en la implementación de espacios físicos para albergar el apoyo tecnológico, entre otros aspectos.

Se buscó la reacción del Ministerio de Educación, pero el departamento de Relaciones Públicas no respondió, vía correo electrónico. Nery Morales, vocero de la cartera de Gobernación, tampoco contestó las llamadas.