Prensa Libre

POR LUIS ÁNGEL SAS

Las soluciones más inmediatas tienen un costo elevado. Decidir por el menor es la disyuntiva que enfrenta el sistema de justicia.

El objetivo principal es evitar más muertes de guardias, policías, reos y pobladores.

En Riesgo

Son las 7 horas de un día normal de trabajo. Las sirenas de los autopatrullas del Sistema Penitenciario (SP) que trasladan reos del Preventivo de la zona 18 a la Torre de Tribunales, en la zona 1, rompen la monotonía en la Calzada de la Paz.

Por el espejo retrovisor de su vehículo, David Hernández ve un picop abrirse paso y a un policía vociferando por altavoz para que los autos se orillen, a la manera de una comitiva presidencial. Fue lo último que David vio por su retrovisor: el camión que transportaba reos se lo arrancó de golpe y él no pudo detenerlo para reclamarles. Su esposa le dijo: “¿No sería más fácil que los jueces fueran a la cárcel?”

Coincidentemente, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se hizo la misma pregunta que la esposa de Hernández después de que el 30 de enero recién pasado fue atacado a balazos, en la zona 15, un autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que transportaba a una reclusa a un hospital para un examen médico.

En el hecho murieron dos agentes de la Policía y un guardia del SP. López Bonilla ordenó a su equipo acelerar la creación de Centros de Ejecución de Justicia, y así habilitar un espacio para que sea el juez quien se movilice a la cárcel, y no los presos a tribunales.

“El transporte de reos es muy complejo, por el número de policías y patrullas”, explicó el ministro.

El SP efectúa un promedio de 150 traslados diarios de reos en todo el país. La PNC apoya con 550 agentes, según el ministro, por lo que al no llevar reclusos, además de evitar ataques que ponen en riesgo la vida de los efectivos, se reduce el riesgo de que la población civil resulte afectada en un ataque.

Seguridad a jueces

Algunos juzgadores consultados aceptaron que sería más fácil para las fuerzas de seguridad no movilizar a los reos, pero en cambio tienen serias dudas sobre la capacidad de que les provean protección a ellos durante los traslados. “Seríamos el nuevo tiro al blanco”, manifestó.

“Está bien la preocupación por personal penitenciario, pero también que se vele por la seguridad de los jueces, porque no se puede sacrificar la seguridad de un juez por la de un reo”, indicó la recién electa presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, Anabella Esmeralda Cardona.

“Es mucho más fácil para nosotros la protección de ellos —jueces— que de muchos reclusos, por el esquema que tenemos. Cuando ellos van hacia las cárceles, el tráfico va hacia el otro lado”, explicó el ministro.

La jueza Verónica Galicia opina que no se trata solo de ser acompañados por agentes y autopatrullas.

“Debe haber carros blindados, porque aunque uno lleve patrullas le disparan, y el chaleco blindado no es garantía. Hay que recordar que los jueces deciden si van a prisión o si son condenados, lo cual puede ser razón suficiente para sufrir un ataque”, dijo la abogada, quien recordó que en las cárceles los reos tienen teléfonos celulares, por lo que la coordinación de un atentado desde esos lugares no es remota.

A distancia

Otra posibilidad es usar las videoconferencias, audiencias donde los reos están en la cárcel mientras los fiscales, abogados y juez, en los tribunales.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Barrientos considera que esa podría ser una solución.

“Hay un reglamento de audiencias por videoconferencia y ya se han realizado, pero para eso deben adecuarse salas específicas en las cárceles y dotarlas de tecnología. Eso lo debe hacer el Sistema Penitenciario”, explicó Barrientos.

El nuevo director del SP, Édgar Camargo, explicó que ya se adecúan los espacios en el Preventivo de la zona 18 y en el complejo de cárceles de máxima seguridad de Fraijanes. “Ya estamos arreglando los lugares para que la mayoría —de procesos— sea por videoconferencia. Ahora nos faltará la tecnología —cámaras y conexión de internet—, y nos apoyará la NAS —Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de EE. UU.—”, informó Camargo.

El funcionario considera que en tres meses estarán habilitadas las instalaciones, aunque desconoce el tiempo que tardará en ser llevado y armado todo el equipo.

Todo bien, pero...

El ministro de Gobernación, el SP, jueces y fiscales están de acuerdo con que transmitir la declaración de un reo desde la prisión es la mejor salida a los riesgos que implica trasladar a tantos reclusos a diario.

Blanca Stalling, directora del Instituto de la defensa Pública Penal (IDPP), también está de acuerdo, pero menciona un inconveniente. “Esto representaría para nosotros un gasto mayor en personal, porque debe haber un abogado en donde está el reo y otro donde está el juez”, explicó.

El IDPP tiene 238 abogados. Cada uno lleva de 45 a 50 casos por mes, por lo que se necesitarían al menos 500 para atender todos los casos, porque si no los hubiera se atentaría contra el legítimo proceso.

El temor de un guardia y un juez

José Carlos tiene 28 años y desde hace tres es guardia del Sistema Penitenciario (SP). Trabaja ocho días y descansa ocho. Su función es cuidar un camión que traslada reos del Preventivo de la zona 18 a la Torre de Tribunales. Cuando trabaja vive tenso, y cuando descansa, mucho más.

“He pensado en renunciar, porque he probado de todo para calmarme. Tomo té de tilo, me inyecto Neurobión. Hasta probé eso que le meten a uno agujitas —acupuntura—, y nada. Siempre ando nervioso”, asegura.

José Carlos llegó al SP porque la fábrica de blindaje de automóviles donde trabajaba cerró. Entonces se fue a Honduras, donde supuestamente había más trabajo y menos competencia. Él estaba decidido a dejarlo todo en noviembre, pero se enteró de que iban a dar un bono de Q500, y se quedó. “Dije: Si no me lo dan, me voy”. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, anunció que a partir de febrero lo recibirán.

El agente no sabe cuánto más aguantará. “No sé dónde puedo ganar igual —Q3 mil 500 al mes—, pero no quiero que le falte nada a mi hija de 2 años. Tampoco quiero que le falte su papá”, comenta al referirse al riesgo de que las unidades que transportan reos sean blanco de atentados.

La jueza Verónica Galicia llevó casos de bandas del crimen organizado y la Corte Suprema de Justicia le asignó guardias y un vehículo blindado. “El primer vehículo que me dieron era un picop decomisado a la familia Lorenzana —acusada de narcotráfico—. Un día, unos hombres nos siguieron hasta un supermercado, y al salir nos dijeron que qué hacíamos en ese carro”, cuenta. Después, los individuos se identificaron como policías y se fueron. Ella solicitó que le cambiaran el automóvil, por seguridad, pues podía ser confundida por otros traficantes.

Galicia no tuvo tanta suerte con el otro automóvil blindado que le proporcionaron. “Un día íbamos en una vuelta. Era un carro blindado, pesado, también decomisado a delincuentes, cuando la llanta salió y perdimos el control. Gracias a Dios no viajábamos rápido”, relata. El tercero que recibió no ha tenido problemas mecánicos, pero sí de presupuesto. “Viajar unos cuatro kilómetros diarios me representan unos Q600 en gasolina. Al mes ya es bastante”, afirma Galicia. Ella explica que prefiere invertir su propio dinero en seguridad.