Prensa Libre

Durante el programa Diálogo Libre, transmitido por www.prensalibre.com, Robles explicó que para instalar un proyecto de trenes se requiere una inversión de unos US$400 millones.

¿Por qué el Ciadi emitió una resolución condenatoria?

La demanda que se planteó fue por US$65 millones, dividida en dos fases. La primera era por US$15 millones, porque es el monto que reclamaban de la supuesta inversión que hicieron, y otros US$50 millones por daños y perjuicios.

¿Qué argumentó el Estado para bajar el monto?

La demanda se basó en que se expropió de manera indirecta la inversión extranjera, que se había violado el trato nacional, la violación de la protección y seguridades plenas y la violación del estándar mínimo de trato, que se refiere al trato justo y equitativo.

La defensa del país argumentó que había vicios de forma y fondo en el contrato de usufructo en cuanto al uso del equipo y mobiliario de Ferrovías. Cuando se dictó el laudo el tribunal absolvió al país de los primeros tres argumentos e indicó que únicamente acogía el último, porque si bien había motivo para declarar la lesividad, el Estado de Guatemala no hizo nada para remediar el problema, y lo que estaba haciendo era violar el derecho de la empresa de percibir ganancias.

¿Cuánto costaría ahora poner a funcionar el tren?

Según cálculos preliminares, una inversión así sería de entre US$350 millones y US$400 millones.

¿Es una inversión atractiva esta clase de negocios?

Sí es atractiva, y sé que hay compañías muy interesadas.

El año pasado, una compañía coreana dijo estar muy interesada en adquirir los derechos de Ferrovías, pero ignoro lo que sucedió, porque eso fue a nivel privado.

Supimos en enero que había un acuerdo entre Ferrovías y la compañía coreana, y que para el 31 de ese mes tenía que depositar US$10 millones en la cuenta de Ferrovías. Llegó ese día y no hubo depósito. Lo que tengo entendido es que la compañía coreana pidió una ampliación del plazo para mediados de febrero, y no se concretó.

¿Considera que fue una cortina de humo?

Se consideró que lo fue para fijar un techo para el tribunal arbitral.

Hay quienes creen que, aunque el Estado tenga capacidad para hacer funcionar y operar el tren, los empresarios del transporte terrestre se opondrían, porque se les acabaría el negocio. ¿Qué opina?

Creo que el Gobierno tiene la capacidad de instalar y operar el sistema ferroviario, pero es libre competencia.

Por supuesto que le va a robar parte del negocio al transporte pesado, pero beneficiará al país, la economía y al productor.

¿Hay capacidad aun cuando no se sabe de dónde va a salir el dinero para pagarle a Railroad Development Corporation (RDC)?

Sí, pero tenemos que atraer a los inversionistas extranjeros. De por sí, el Estado no cuenta con dinero. Calculamos que se necesitan unos US$400 millones.

El ministro de Finanzas indicó que tienen la disponibilidad de dinero para efectuar el pago, pero aún hay que hacer unos trámites necesarios.

¿Qué plazo tienen para pagar a RDC?

Desde que se dicta el laudo hay tres posibilidades: está el recurso de revisión y de aclaración que se podrían plantear, ambos de 90 días. Luego está el recurso de anulación del laudo arbitral, que son 120 días.

Tenemos el derecho de esperar 120 días para cumplir con el pago. Ya después quedaría firme el laudo, y si Guatemala no hace el pago siguen corriendo los intereses.

¿Podría plantearse el proyecto del ferrocarril bajo la Ley de Alianzas para el Desarrollo?

Sería lo óptimo.

Sin embargo, hay quienes piensan que es mejor privatizar el servicio, ya que el Estado no está en capacidad de recuperar el sistema ferroviario.

Es una opinión válida, la privatización es otra posibilidad. Incluso sé que hay una compañía muy interesada en hacer la inversión, y hasta ha mencionado la posibilidad de trazar una línea nueva.

¿En qué momento puede disponer el Estado de la vía férrea para empezar otro proyecto?

Si todo marcha bien y nos logramos poner de acuerdo en breve con Ferrovías en cuanto a los intereses y montos de arrendamiento que quedan pendientes de calcular, Guatemala tendría plena disponibilidad para trabajar con la línea férrea.

¿Qué lecciones debe aprender el Estado? Algunos analistas comentan que se revise la forma en que hace sus contratos, para no quedar vulnerable.

Lo que veo es que el proyecto del ferrocarril que se hizo en 1997 no estaba bien planteado, y se hizo con una visión que quedó corta.

Pero la vulnerabilidad del Estado no se da solo en el caso Ferrovías. Se menciona que faltan cláusulas para protegerlo y evitar más demandas.

Sí. Eso nos demuestra que los proyectos se tienen que estructurar correctamente, y los contratos hay que hacerlos bien y también tener las cláusulas que protejan al Estado de Guatemala, pero que tampoco dejen en desventaja al inversionista extranjero.