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12/01/12 - 00:00 Nacionales

Organizaciones piden norma para registro de celulares

Representantes de 31 organizaciones demandaron ayer la aprobación de una ley que obligue el registro de teléfonos celulares, ya que estos “desempeñan un papel estratégico” para cometer delitos en el país.

Eleonora Muralles, de la agrupación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, expresó: “Es necesario que el Congreso apruebe la iniciativa 4306, que establece el registro móvil para la prevención del robo de celulares y sanciona la extorsión”.

Muralles solicitó a las autoridades que tomarán posesión el próximo sábado que trabajen en una política de Estado para combatir esos delitos.

Iniciativa

Las organizaciones que solicitan la referida normativa explicaron que el decreto 09-2007 establece el registro de terminales de telefonía móvil que hubieran sido robadas, aunque la calificaron de “insuficiente” para detener la criminalidad que se relaciona con el uso de celulares.

Muralles dijo que la normativa será una herramienta para el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación, para “efectuar una investigación apropiada”.

Estrategia

Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, aseguró que la ley servirá para contrarrestar las extorsiones y otros delitos. “Las bandas se comunican por teléfonos que compran en la legalidad, pero que nadie conoce la identidad del propietario”, explicó.

El MP ha montado operativos en negocios de flasheo —activación de celulares en forma ilícita—, sin resultados positivos.

“A través del celular —los delincuentes— dirigen asesinatos, robos y extorsiones, y el anonimato hace posible que estos hechos continúen”, aseguró Carmen Rosa de León, del Consejo Asesor de Seguridad.

El presidente de la Gremial de Telefonías Móviles, Sergio Hernández, afirmó que ya trasladaron al MP bases de datos de los celulares robados, para identificar en quéáreas se comete ese delito con mayor frecuencia.

Hernández consideró que el decreto en mención es suficiente para accionar contra los criminales, y que el registro de los 18.6 millones de usuarios causaría grandes inconvenientes, que han hecho que en otros países fracase ese tipo de normativa.

POR PAOLA HERRERA /

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