Carmen Aída Ibarra, de la referida organización, estuvo presente en todos los procesos, por lo que hizo un balance al respecto: “Hubo una serie de elementos innovadores en las postuladoras que fundamentan el resultado de la selección de los candidatos. Hay procesos cuestionados y otros que reflejan que el cumplimiento de la formalidad jurídica no necesariamente elimina las influencias y compromisos que pueden contaminar los procesos”.

En el caso del IDPP, Ibarra cuestionó que después de dos procesos quedaron candidatos similares.

“Acomodaron la ley a la consecución de la meta. Lo que impera es la decisión y la voluntad de tomar decisiones previamente negociadas en el marco de la ley. No es problema de la ley, sino del ser humano que toma decisiones”, insistió.

En el caso de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Ibarra observó: “Se cumplió con la ley de postulación, con el mandato constitucional. En general, el proceso fue transparente. Usaron instrumentos objetivos para evaluar a los aspirantes, pero de todas maneras surge una nómina de seis candidatos que refleja los intereses de grupos y estructuras que están representados en la postulación”.

Agregó: “Hubo transparencia y publicidad, pero el resultado no demuestra decisiones independientes de los comisionados, lo que era difícil porque la mayoría pertenecía a los grupos gremiales que disputaban el control de la comisión y de la nómina. Se defrauda el espíritu de la ley con los compromisos espurios de los comisionados”.

Ibarra diferenció entre la manera en que se elegía a los funcionarios y la forma en que ahora se utiliza la Ley de Comisiones de Postulación.

“Antes todo era secreto, hoy es público. Vemos la trama, la estrategia, por dónde van las negociaciones, los aliados, a qué intereses responden. El balance es positivo porque a pesar de que los resultados estaban predeterminados, en la CGC y la Defensa Pública hay una ganancia en extremo para la ciudadanía, y es que ahora se tiene acceso a los procesos y, en la medida que estén expuestos, los comportamientos deben salir a luz pública”, manifestó.

El momento crucial para la dirigente de MPJ es la votación: “Es cuando pasa todo. En los tres procesos vimos cómo en la selección hubo publicidad y transparencia, convocatoria, definición de perfil idóneo. Se generaron instrumentos técnicos de evaluación, pruebas psicométricas, y el momento final, cuando tomaron la decisión, vimos cómo en el caso del fiscal general hicieron lo posible por elegir a los mejores calificados, al igual que en la CGC, excepto uno o dos casos”.

Según Ibarra, en las postuladoras se mostraron dos comportamientos que “confirman que lo que prevalece, más allá de los resultados de las pruebas técnicas, es la decisión personal y el libre albedrío de los comisionados”.

“Todos tomaron decisiones y, en algunos casos, evidentemente no acordes con el resultado, como el caso del IDPP, donde no hay explicación. Hay que salvaguardar la importancia de la ley, y no cuestionarla por la mala aplicación. Tiene cosas que hay que mejorar, tal vez emitir algún reglamento podría ayudar”, sugirió.

¿Reformas legales?

El Congreso de la República aprobó en mayo del 2009 la Ley de Comisiones de Postulación.

La ponente de esa normativa fue la diputada Nineth Montenegro, quien considera necesaria una reforma constitucional.

“La ley desveló las influencias de los grupos de poder dentro de las comisiones de postulación, pero esta no es capaz de destruir esos nudos”, señaló.

La congresista añadió: “Solo se logrará eliminarlos —a los grupos de poder— por medio de una reforma constitucional para que no haya más de lo mismo”.

Roberto Alejos, presidente del Legislativo, refirió que se debe analizar la ley para encontrar el punto en el que los procesos de postulación se estancan.

“En principio considero que sería importante que la calificación de los candidatos sea vinculante al momento de la elección, para que de esa forma se elija al mejor calificado”, afirmó. Alejos admitió que la Constitución Política de la República necesita un cambio en lo referente a las comisiones de postulación, a fin de despolitizarlas.

Adolfo González, quien presidió la postuladora para director del IDPP, propuso que se organicen mesas redondas o seminarios en los que los comisionados de los distintos procesos puedan analizar y discutir las incidencias que ocasionó la aplicación de la ley.

“Sería de gran valor que se tomara en cuenta a los comisionados, para que compartan sus experiencias, y que de ahí surjan propuestas para posibles modificaciones a la ley, en el afán de que su cumplimiento sea eficaz y transparente”, aseveró.

Luis Archila, presidente la postuladora para fiscal general, aseguró que el proceso fue transparente.

“Se incorporaron medios científicos y asistencia técnica. Vale la pena destacar que hubo transparencia desde el inicio hasta el término del mismo. El presidente ya eligió a uno de los postulados”, sostuvo.

De acuerdo con Archila, existen aspectos que se podrían mejorar, pero evitó comentarlos porque “para legislar hay que meditar”.

Se intentó obtener la versión de Estuardo Gálvez, quien presidió la postuladora para contralor, pero no respondió las llamadas a su celular.

Alejandro Balsells, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, dijo que la Ley de Comisiones de Postulación “es buena y le hace falta madurar, como cualquier proceso cívico y democrático, pero ya está rindiendo frutos”.

En el último año y medio se desarrollaron cinco procesos de postulación, dos de los cuales se tuvieron que repetir por órdenes de la Corte de Constitucionalidad.