Prensa Libre

POR HUGO ALVARADO

En su resolución, la jueza primera de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores Polanco, le fijó una fianza de Q500 mil y arresto domiciliario, con vigilancia de la Policía Nacional Civil. También tiene prohibición de salir del país sin autorización del referido juzgado.

El exjefe de Estado hizo efectiva la fianza anoche por lo que evitó quedar recluido en las carceletas de la Torre de Tribunales.

Resolución

El fallo de la jueza se dio después de 12 horas de audiencia —empezó a las 9.30 horas—.

Flores Polanco le dio valor probatorio a los indicios de prueba presentados por el Ministerio Público (MP) mediantes los cuales lo sindicó como responsable de haber ordenado el marco jurídico que sirvió de base para la elaboración de los planes militares, Victoria 82, Sofía, Firmeza 83 y el de desarrollo y seguridad para aniquilar a la etnia maya- ixil, cuyos miembros eran considerados enemigos internos del Estado.

Según el MP, los planes militares fueron utilizados para matar a población civil que supuestamente ayudaba a grupos guerrilleros.

“Estos crímenes son horrendos y se logró establecer que dentro de la estructura militar, usted —Ríos Montt— se encuentra en la línea de mando”, expuso la Jueza.

En otra parte de la resolución, Flores Polanco refirió que el MP presentó indicios suficientes para demostrar que el ex jefe de Estado participó en las masacres perpetradas contra la comunidad ixil.

La juzgadora explicó que aunque Ríos Montt no estuvo presente en la línea de fuego, en todo momento tuvo conocimiento de lo que sucedía ya que era informado por la estructura militar, porque él era el jefe superior en ese momento.

La imputación

El MP le imputó el delito de genocidio, ya que tiene documentada la muerte de mil 771 personas, entre hombres, mujeres y niños. De ese número se han identificado 267 víctimas.

La saña del Ejército contra la población civil provocó que 29 mil personas fueran desplazadas de sus lugares de origen y las afectadas fueron 54 comunidades de Santa María Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, Quiché.

También se tienen documentados mil 465 casos de violaciones contra mujeres menores de edad, según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

Entre los indicios de prueba que presentó el MP se encuentran los planes militares, peritajes culturales y militares, así como estudios sobre misiones y tácticas militares, balísticos. También están los testimonios de 84 víctimas y familiares de estas.

Después de escuchar la imputación el ex jefe de Estado se abstuvo de declarar.

Su abogado Danilo Rodríguez Gálvez, quien fue alto dirigente de las Fuerzas Armadas Rebeldes, dijo que sí hubo masacres durante el conflicto armado.

Sin embargo, argumentó que durante el gobierno de facto de Ríos Montt se dieron, “pero en menor relación con los otros exjefes de Estado” que lo antecedieron en el poder.

En ningún momento solicitó alguna medida a favor de Ríos Montt.

El militar retirado dijo a la jueza que le interesaba que se esclareciera el caso. Empero, aclaró: “Una cosa es que se haga justicia y otra, venganza.

En todo momento Ríos Montt mantuvo un semblante sereno y tranquilo.

Fue acompañado por su hija Zury Ríos, su sobrina Ingrid Sosa Argueta, el diputado Luis Pérez, del FRG, y de exfuncionarios del gobierno eferregista, como Eduardo Weymann.

En la calle

Unas 150 personas que permanecieron en el frontispicio de la Corte Suprema de Justicia hasta el final de la audiencia y festejaron la decisión de la juez de procesarlo por la acusación de genocidio.

Aunque mostraron decepción cuando la juez resolvió que Ríos Montt debía permanecer en prisión domiciliario mientras se concluye con la investigación en su contra.

La resolución se proyectó por una pantalla que se colocó en la Plaza de los Derechos Humanos por diferentes organizaciones.

Después de escuchar que el ex jefe de Estado fue ligado a proceso los manifestantes quemaron cohetillos en señal de celebración.

Desde horas de la mañana familiares de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno se apostaron frente a la sede del Organismo Judicial.

En el lugar se colocó una alfombra elaborada con pino con la leyenda, hecha con flores, “Impunidad ni ayer ni hoy”, rodeada de veladoras y fotografías de víctimas de masacres.

Además, se colocó un altar con pino y flores rojas en la que había un pequeño ataúd que representaba a los niños muertos durante la guerra interna, algunos de ellos fueron sacados del vientre de la madre, explicaron activistas.

Decenas de personas que viajaron en su mayoría desde el occidente del país, permanecieron afuera del edificio hasta las 17 horas.

Testimonio

Lucía Quilá recordó que durante el gobierno de facto de Ríos Montt fue masacrado su padre y su hermana en la comunidad Xicoxon, Tecpán, Chimaltenango.

Según ella, en esa matanza, ocurrida el 12 de septiembre de 1982, se contabilizaron 16 víctimas.

“La persecución en ese tiempo era que lo involucraban a uno con la guerrilla. Para ellos —los militares— no se podía hablar ni organizarse ni se podía ir a la iglesia”, relató.

Ríos Montt tiene una orden de captura internacional vigente, girada por la justicia española, que tramita un proceso por la quema de la embajada de España en Guatemala el 30 de enero de 1980, donde murieron 27 personas, entre funcionarios de gobierno, campesinos y diplomáticos.

El militar retirado perdió su inmunidad el 14 de enero recién pasado, luego de finalizar su período como diputado.

Días antes, Ríos Montt se había presentado de forma voluntaria a la justicia.