Prensa Libre

POR HUGO ALVARADO Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA - En una audiencia ayer en el Juzgado Cuarto Penal, el Ministerio Público (MP) solicitó, de manera urgente, que Torres quede arraigada, ya que teme que se fugue del país. La jueza Jisela Reinoso accedió a la petición y resolvió a favor del MP.

“Esa medida significa que tiene prohibición de salir del país, a partir de hoy —ayer—, sin autorización judicial, hasta que el MP concluya la investigación y se resuelva si Sandra Torres debe enfrentar a la justicia”, expuso la jueza.

Otorga prórroga

El MP pidió que sea prorrogado el período de investigación que se le había fijado —de un mes— y que finalizaba el 5 de febrero próximo. Reinoso autorizó dos meses que vencerán el próximo 13 de abril.

El argumento del MP para pedir dicha ampliación obedece a que solicitaron informes bancarios de Torres, relacionados con el trabajo que desempeñó en Cohesión Social, que incluye el programa Mi Familia Progresa, uno de los cuales fue fiscalizado por el Partido Patriota (PP), que aduce que no se manejó con transparencia.

El MP debe investigar si la exesposa del gobernante debe enfrentar juicio por la denuncia presentada por la diputada Roxana Baldetti, quien presentó una querella penal en su contra, o si se debe archivar el caso.

La jueza aclaró que decretar el arraigo no significa que existan anomalías, ya que será en abril cuando el MP debe definir si se inicia persecución penal contra Torres.

Fuentes de la Dirección General de Migración confirmaron que ayer por la tarde llegó la notificación del arraigo. Dicho aviso ya fue enviado a los aeropuertos del país, así como a las delegaciones fronterizas.

Allegados a Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijeron que ella está en el país.

Señalamientos

La denuncia contra Torres fue presentada por Baldetti en el 2009, en su calidad de diputada y jefa de la bancada del PP. Según la denunciante, Torres fue citada por ese partido para que explicara su trabajo como coordinadora de Cohesión Social.

Sin embargo, la exesposa del mandatario no asistió, con el argumento de que no era funcionaria pública para acatar una orden de un diputado.

“Se le hizo una nueva invitación, pero tampoco asistió”, dijo Baldetti.

El PP buscaba que Cohesión Social entregara una lista de los beneficiarios de Mifapro —nombres y números de cédulas—, para verificar si existían y si se les entregaban Q300.

Torres siempre se opuso, pues aseguraba que esa era información secreta, porque se ponía en riesgo a las personas.

Frente a la negativa de rendir cuentas al PP, la diputada presentó la querella en el Juzgado Undécimo Penal, por desobediencia e incumplimiento de deberes.

Después, la denuncia fue ampliada en dos ocasiones. La primera por usurpación de calidad, ya que, según Baldetti, Torres usurpaba las funciones del vicepresidente, ya que daba órdenes a los ministros, cuando esa no era su atribución.

La segunda, el 11 de septiembre del 2011, cuando Torres incitó a la población para que votara nulo para el cargo de presidente en las elecciones que se llevaban a cabo ese día.

Baldetti dijo que la denunciada habría incurrido en los delitos de coacción contra las elecciones, instigación a delinquir y coacción contra la libertad política.

Una pequeña luz

Baldetti mostró su satisfacción por el fallo judicial que dicta el arraigo.

Expuso que, aunque la justicia en este caso no ha sido pronta y cumplida, “el arraigo significa una pequeña luz al final del túnel”.

La diputada expresó: “Tengo pruebas sobre las ilegalidades en las que incurrió la exesposa de Colom. Espero que el MP efectúe bien su trabajo y encuentre los indicios para que ella enfrente a la justicia”.

Prensa Libre buscó al abogado de Torres, el diputado César Fajardo, así como a dirigentes de la UNE para conocer su opinión, pero ninguno respondió a las llamadas telefónicas.

Estira y encoge

En más de una ocasión el MP solicitó en el Juzgado Undécimo Penal que el caso contra Torres fuera archivado, pero su petición no fue aceptada. La resolución del juez fue que se debía seguir con las pesquisas.

La Fiscalía de Delitos Administrativos pidió a ese juzgado el desistimiento de la querella contra Torres, por considerar que ella no era funcionaria ni administraba fondos públicos y que su cargo era ad honórem.

Como evidencias, la Fiscalía menciona informes de la Oficina Nacional de Servicio Civil, del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Contraloría General de Cuentas y el acuerdo con el que Torres fue nombrada coordinadora del Consejo de Cohesión Social.

Arardo Sandoval, auxiliar fiscal, encargado del caso Torres, se inhibió de seguir con el proceso, después de que un juzgado no aceptara la solicitud del sobreseimiento.

Con anterioridad, Carlos Contreras, abogado del PP —designado ministro de Trabajo por el futuro presidente, Otto Pérez Molina—, también solicitó al Juzgado Undécimo que Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas, sea arraigado y que declare en el caso contra Torres.

Dicho requerimiento —aún no resuelto— obedece a que el exministro publicó un libro —Rendición de Cuentas—, que cita a Torres y su poder dentro del Ejecutivo, que en apariencia confirma la influencia que ella tenía con los ministros que formaban parte del Consejo de Cohesión Social.

La Sala Primera de Apelaciones resolvió trasladar el caso al Juzgado Cuarto Penal. Antes lo tramitaba el Juzgado Undécimo.

Los jueces explicaron que había dudas sobre el proceder del juez Eduardo Cojulún, porque no aceptó en el proceso a uno de los abogados de la exesposa de Colom.