Javier Reyes, secretario del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal, Escuintla, aseguró que en el lugar no cuentan con suficiente personal de la SAT para revisar las cargas, lo que atrasaría los procedimientos.

“Estamos completamente de acuerdo en que se revise toda la mercadería y mercancía, pero eso significa un atraso en todas las operaciones, importaciones y exportaciones del Puerto Quetzal”, aseguró Reyes vía telefónica.

Agregó que existe duda entre los trabajadores sobre quién será la autoridad en el Puerto, porque habría dos intervenciones.

“La medida también atenta contra los derechos de los trabajadores y están aprovechando para militarizar todas las instituciones del Estado”, afirmó.

Según Rolando Coronado, presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala, la SAT tiene las suficientes herramientas legales para aplicar los controles pertinentes en las aduanas, sin necesidad de una intervención. “No es procedente, porque existe el suficiente andamiaje jurídico en la SAT”, añadió.

Precisó que la intervención podría afectar en el tiempo de recepción y despacho de contenedores en los puertos.

Coronado explicó que los retrasos podrían incrementarse si se decide una revisión del cien por cien de los contenedores, y que la SAT puede hacer esa labor, pero necesitaría más personal capacitado.

Sin conocimiento

En la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Izabal, indicaron que no se les ha notificado que habrá una intervención, según el secretario de Relaciones Públicas del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Empresa Portuaria, Sergio Sánchez.

Agregó que en una reunión celebrada ayer con personal de la SAT se solicitó que se incremente la cantidad de personal de esa institución.

De acuerdo con Sánchez, trabajadores de este puerto del Caribe esperarán que sean notificados antes de que se inicien las acciones de intervención, para tomar una postura sobre el beneficio o dificultad que eso representará para ellos.

No afecta

Allan Marroquín, interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), dijo que su trabajo se limita a la atención de buques y a la administración de muelles y patios de carga, no al control en el tema de drogas, armas y contrabando aduanero.

Sin embargo, en mayo del 2011, cuando el presidente Álvaro Colom anunció la intervención de la EPQ, señaló que era para combatir el contrabando y el narcotráfico.

Según Marroquín, por sus competencias, la intervención de la SAT y aduana del puerto no afectará en su trabajo.

“Si se habla de corrupción, esta ocurre en las instituciones que operan en el Puerto. Nosotros no cobramos impuestos y no determinamos qué carga tiene luz verde o roja para pasar”, explicó.

Prensa Libre intentó consultar a Luis Gómez, interventor de Puerto Santo Tomás, para conocer su postura, pero se indicó que no brindaría declaraciones por teléfono.

También se intentó conversar con sindicalistas aduaneros de ese puerto, y se informó que ninguno estaba de turno.

Agentes aduaneros

El presidente de la Corporación de Agentes Aduaneros de Guatemala, Víctor Rivera, informó que  ante la probable intervención en las aduanas le enviaron al presidente una propuesta de modernización.

El plan consiste en la compra de un  sistema digital  prevalidador de mercancías, cuya inversión sería de Q40 millones, la cual podría subir la recaudación cada año.

Rivera  resaltó que es innecesario intervenir si se aplican controles contra el contrabando para evitar la defraudación.