Prensa Libre

POR KAREN CARDONA

La anarquía en el Congreso ha llegado a límites inesperados, afirman empleados del área administrativa que han sido testigos de las peleas que los diputados protagonizan por oficinas desde el lunes último.

La situación se ha salido de las manos del nuevo presidente del Legislativo, Gudy Rivera, cuya inexperiencia en ese cargo ha causado desorden, afirman expertos consultados.

Tampoco ha establecido cuál será la función de cada uno de los nueve integrantes de la Junta Directiva, porque cada año el presidente delega funciones administrativas en ellos.

Como deben iniciar su trabajo, el resto de diputados han empezado a llevar solicitudes de contratación.

Rivera aseguró ayer en conferencia de prensa que no entraría en la polémica por las plazas, y que mandaría a revisar unos mil cien contratos de personal permanente.

Los directores administrativos, financieros, legislativos, de Recursos Humanos, Protocolo, Inventarios y todos los departamentos están en fase de evaluación, según Rivera.

Plazas como botín

La contratación de empleados es un botín político en el Congreso, porque existen diputados que cobran comisión a sus secretarias, ujieres, guardaespaldas y personal que consiguen emplear en ese organismo.

Son pocos trabajadores los que han denunciado esas irregularidades, por temor a represalias, pero también hay quienes deben tributar de su sueldo a sus partidos.

El Congreso es conocido como uno de los mejores patronos del Estado, porque otorga sueldos excepcionales, que van desde Q20 mil para secretarias y conserjes, hasta Q50 mil para quienes ostentan altos cargos administrativos. Los últimos ganan más que los Q29 mil 500 que recibe al mes un legislador.

Personal del Departamento de Recursos Humanos de ese organismo reveló que hasta ayer se había recibido un centenar de solicitudes de contratación, pero aún no hay orden del presidente del Congreso para iniciar el reclutamiento.

La lista irá en aumento porque los diputados de nuevo ingreso se niegan a trabajar con los trabajadores presupuestados, por considerar que no son leales.

Marvin Flores, economista y consultor de Acción Ciudadana, señaló que las contrataciones son facturas que los diputados deben pagar a personas afines o al partido.

Anarquía y quejas

Las bancadas han optado por tomar por la fuerza las oficinas, cambiar las cerraduras y rótulos de los espacios físicos, desde el sábado, cuando fueron juramentados e incluso antes, porque hubo quienes heredaron sus despachos a los nuevos diputados.

En la Unidad Nacional de la Esperanza, Mario Taracena se ha quejado del exceso de personal asignado a su bancada, sobre todo ahora que se redujo a 12 parlamentarios.

Los integrantes de bloques como el Partido Patriota buscan a personas de confianza, ya que un 50 por ciento del personal permanente fue contratado durante la legislatura que presidió Efraín Ríos Montt, del Frente Republicano Guatemalteco, entre el 2000 y 2004.

En la Dirección Administrativa figura que 10 exdiputados aún no han entregado las computadoras portátiles que tenían en su poder y que pertenecen al Congreso.

Otros tampoco han expresado por escrito, como se les indicó, si se van a trasladar a su nombre los teléfonos celulares que el Congreso les proporcionó. A partir del 14 de enero esa factura correrá por cuenta de ellos, y no de ese organismo.