La experiencia de las empleadas domésticas no es ajena a la realidad de Guatemala, donde según números oficiales hay 1.2 millones de guatemaltecos afiliados a la seguridad social de 5.9 personas económicamente activas.

El país es regido por la economía y el trabajo informal, pues solamente uno de cada cinco guatemaltecos está afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  (IGSS) .

Según datos de Centracap, el 80 por ciento de las mujeres que trabajan en casas particulares es indígena.

Mas de la mitad ha tenido que emigrar a la ciudad de Guatemala en busca de un empleo, precisa la misma fuente.

El tipo de trabajo para las empleadas domésticas se divide en dos: las que laboran por horas y las que viven en el mismo domicilio que sus patrones.

En el caso de estas últimas, las tareas inician generalmente a primera hora y se extienden con jornadas laborales de hasta 14 horas, precisa Fidelina Chávez, presidenta de Centracap.

Marlene Escobar, de 22 años, también es originaria de Escuintla y desde 2012 trabaja en una casa particular situada en un condominio de lujo en la ciudad de Guatemala.

Al igual que Sofía Pacheco, Marlene no tiene ningún tipo de prestaciones y su paga ronda los 150 dólares.

El salario mínimo en Guatemala es de US$325.65 dólares para los trabajadores del sector agrícola y de US$304.68 dólares para el resto de la población, tras un aumento del cinco por ciento concretado por el Gobierno en diciembre pasado, según información oficial.

“Existe un vacío legal para proteger nuestro trabajo” , advierte Chávez.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social implementó en 2009 el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular  (Precapi) para otorgar cobertura a las trabajadoras domésticas en servicios de maternidad, accidentes y atención a sus hijos.

El Precapi, sin embargo, no logró despegar y en 2013 tenía menos de mil afiliadas según cifras de la institución.

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en el año 2011 y ratificado por trece países en el mundo, contiene los lineamientos básicos para la regulación del trabajo doméstico.

El pacto exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de defender los derechos de los trabajadores, incluyendo remuneración regulada, condiciones de vivienda, horas laborables y seguridad social, entre otras.

El Ministro de Trabajo de Guatemala, Carlos Contreras, le dijo que el país  no está preparado para firmar el Convenio 189, ya que para su correcta aplicación es necesaria una ley general que lo ampare y la misma es inexistente en la actualidad.

“Una de las características del trabajo en casas particulares es que es discriminatorio” , destaca Victoria Novoa, experta en temas de equidad que trabaja con la cooperación internacional en Guatemala. “No es casualidad de que sean las mujeres indígenas y pobres las que ocupen estos espacios” , concluye.