Prensa Libre

POR HUGO ALVARADO Y PAOLA HERRERA Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA - Según el expediente, los subinspectores de la Escuela de Kaibiles Manuel Pop, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Hernández fueron condenados a 30 años de prisión por asesinato, por cada una de las 201 víctimas de la masacre.

También fueron hallados culpables del delito de deberes contra la humanidad, con 30 años de cárcel. Al sumar las penas da un total de seis mil 60 años de condena para cada uno.

A igual pena fue condenado el teniente Carlos Carías, a quien se le agregó hurto agravado, y deberá purgar seis mil 66 años de prisión.

Aún así, los condenados solo deberán pagar una pena máxima de 50 años, según lo estipula el Código Penal.

Para escuchar esa sentencia condenatoria los familiares de las víctimas debieron esperar 29 años.

La Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaba llena al momento de emitirse el fallo y, al terminar la audiencia, el público se paró y empezó a aplaudir y a gritar que hubo justicia.

El móvil

El Tribunal concluyó que el móvil para masacrar a los campesinos de ese parcelamiento fue que el Ejército quiso recuperar 21 fusiles que había perdido en una emboscada de la guerrilla en octubre de 1982.

Eso motivó a que se planificara la incursión en aquella población para eliminar a los pobladores.

El 7 de diciembre de 1982, una patrulla integrada por 40 kaibiles, entre ellos los sentenciados, ingresó en el parcelamiento, a las 2 horas. Llegaron disfrazados con atuendos de guerrilleros. 

Familiares de las víctimas celebran fallo dictado el martes en Tribunales. (Foto Prensa Libre)

Luego, dividieron a la población. A los hombres los mandaron a la escuela, y a las mujeres y los niños a la iglesia evangélica.

Después, vendaron los ojos a sus víctimas y se las entregaron a los ejecutores, quienes las llevaron a la orilla de un pozo. A los primeros que mataron fue a los niños. Los golpearon con una almágana en la cabeza y luego los lanzaron al fondo.

A las niñas y mujeres las violaron, y a las que estaban embarazadas las hicieron abortar. A los hombres los fueron matando uno a uno. Los degollaron o les dispararon con sus fusiles.

A todos los lanzaron al fondo del pozo, en donde con fusiles de asalto les dispararon y les lanzaron granadas de fragmentación para asegurar su muerte.

Otro pobladores fueron baleados en diferentes sectores del parcelamiento.

Según la resolución del Tribunal, el ataque empezó a las 12 horas, y al final de la tarde ya habían matado a las 201 víctimas.

Eso ocasionó que el parcelamiento desapareciera del mapa. Los jueces concluyeron que el Ejército tomó la decisión de masacrar a las víctimas como castigo militar.

“La masacre de Dos Erres se determina que fue un castigo militar, ya que el Ejército creyó erróneamente que los pobladores eran colaboradores de la guerrilla. Querían sentar un precedente para que no se apoyara a los grupos subversivos”, afirmó Patricia Bustamante, jueza vocal del Tribunal.

Acción planificada

El Tribunal le dio valor probatorio al informe presentado por el general de división de Perú Rodolfo Robles Espinoza, quien afirmó que la matanza fue planificada y ordenada por el alto mando del Ejército.

En su informe, el experto militar estableció que la patrulla de kaibiles se organizó en cuatro grupos para el combate; grupo de mando, de asalto, de apoyo y de seguridad.

Robles Espinoza declaró en el documento que cada uno cumplió lo que se les ordenó. La cadena de mando y jerarquía existente dentro de la patrulla partía del teniente, quien, de acuerdo con la doctrina y normas militares, asume la responsabilidad total del cumplimiento de la misión.

Aseguró que el teniente tomó decisiones, condujo el operativo y la disciplina de cada uno de los elementos que integraba la patrulla.

El resto de oficiales asumió las responsabilidades de las recomendaciones para la toma de decisiones del jefe de la patrulla, concluye en su informe, al cual tuvo acceso Prensa Libre.

Carías era el jefe del destacamento militar de Las Cruces, a cuatro kilómetros de Dos Erres, por lo que tenía conocimiento del operativo, dice la resolución del Tribunal Primero.