Prensa Libre

POR MIKE CASTILLO

El martes recién pasado, los transportistas aglutinados en la Asociación de Transporte Pesado bloquearon durante varias horas el paso vehicular en el kilómetro 241 de la carretera Interamericana, cerca del caserío Las Lanchas, Huehuetenango, en protesta por los cobros que califican de ilegales.

Mario Pérez, representante de la asociación, comentó que hace dos meses los comunitarios instalaron un retén en donde les exigen Q100 por cada camión que circula desde y hacia la citada mina.

Explicó que los integrantes de la agrupación entregan a diario Q5 mil a los vecinos, lo que suma Q150 mil mensuales, que los comunitarios aseguran son utilizados para proyectos de desarrollo.

Indicó que los choferes que se oponen al pago son amenazados de muerte.

Pérez añadió que los pilotos ya están cansados de esta extorsión y de las múltiples amenazas, por lo que presentaron una denuncia en la Policía Nacional Civil y en el Ministerio Público.

Otros transportistas dijeron que se desconoce el destino de los fondos que recolectan los lugareños, ya que aunque ellos aseguran que son para proyectos, no se ha visto ninguna mejora en esos lugares.

Explicaron que quienes están detrás de estos cobros ilegales son Artemio y Celestino Pérez, quienes supuestamente solicitaron a la comuna de Sipacapa, San Marcos, que les autorizara un comité para recaudar los fondos.

El Gobierno les debe

Durante el bloqueo, los transportistas exigieron al Gobierno que les pague los Q5 millones que les adeuda a los asociados que han trabajado en diversos proyectos de infraestructura que ha financiado el Estado.

Ábner López, uno de los afectados, comentó que las constructoras contratadas por el Gobierno no reciben pagos desde hace varios meses, por lo que es casi imposible seguir trabajando.

Cobros son ilegales

Delfino Temaj, alcalde de Sipacapa, San Marcos, comentó que los cobros que efectúan los comunitarios son ilegales y que la comuna jamás ha autorizado a nadie instalar retenes.

Mencionó que si la jefatura edil estuviera anuente a los cobros, habría una caseta y un policía municipal y se entragarían recibos autorizados por la Contraloría General de Cuentas.

Desmintió que el dinero recaudado por los vecinos sea utilizado en algún proyecto, ya que en la actualidad no se ejecuta ninguno. Agregó que lo más probable es que ese dinero sea utilizado por un grupo limitado de pobladores.

Irene Hidalgo, alcalde de Malacatancito, Huehuetenango, dijo que desconocía el problema y que era ajeno a los cobros.

Los jefes municipales ofrecieron investigar el problema y darle solución lo antes posible.