Prensa Libre

POR J. LARA, S. VALDEZ Y G. CONTRERAS Ciudad de Guatemala

Transportistas extraurbanos, dirigentes empresariales, expertos en materia policial y la Procuraduría de los Derechos Humanos se mostraron preocupados por la falta de respuesta gubernamental frente a los embates de la criminalidad.

La angustia creció más al conocerse la explosión de una granada en un bus de rutas cortas, en la zona 7, que le costó la vida a tres personas, y que la Policía Nacional Civil (PNC) no tiene pistas sobre ese hecho, al igual que respecto de los autores de la masacre de seis personas en la zona 18, el sábado recién pasado.

Extraño silencio

El presidente Álvaro Colom y el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, evitaron ayer hablar del asunto con la Prensa.

Solo en el sitio de Internet del Gobierno, Menocal se refirió a los hechos violentos del sábado y del lunes últimos, los que calificó de sistemáticos y que podrían responder a intimidaciones criminales o a un ajuste de cuentas.

El funcionario se reunió con el presidente Colom en la sede del Ministerio del Interior, cita a la que también asistió Helen Mack, comisionada presidencial para la Reforma Policial, para tratar esos hechos, pero no dieron ninguna declaración sobre qué medidas tomarán.

“Estamos ante un nuevo escenario de hechos que no necesariamente corresponde a la violencia social cotidiana”, opina Menocal, según la página web oficial.

También informa que analizan si el ataque al bus está relacionado con extorsiones de pandilleros o si se trata de una venganza por el reciente linchamiento de un extorsionista, cuyo cadáver fue localizado en la carretera de San Juan Sacatepéquez a San Raymundo.

Entretanto, en el sitio electrónico, el gobernante atribuyó los hechos a “un ataque político sistemático”, y solicitó poner atención a las estadísticas delincuenciales.

Pilotos pagan con su vida

Los ataques selectivos del crimen organizado han sido contra los pilotos de buses urbanos, de rutas cortas y extraurbanos.

El sector más golpeado ha sido el de rutas cortas. Según Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas Extraurbanas, este año han muerto 39 conductores, 15 ayudantes, ocho pasajeros y cuatro propietarios de buses.

La acción criminal del lunes último causó que los pilotos de las 113 unidades que cubren la ruta a San Pedro y San Juan Sacatepéquez no laboraran, por temor a ser víctimas de un nuevo hecho criminal. La paralización del transporte afectó a los usuarios, que debieron viajar en picops u otros vehículos para llegar a sus viviendas.

Chin comentó que la semana recién pasada, cuando empezaron a distribuir las tarjetas prepago, fue secuestrada una mujer, cuya identidad se reservó, a quien hombres armados llevaron a un lugar solitario y le dijeron que le advirtiera a él que lo matarían, aunque no precisaron las razones.

Añadió que a los empresarios los hace pensar que el crimen organizado está detrás de todo esto, pues cuando intervienen los pandilleros, estos terminan por descuartizar a sus víctimas, y dejan los pedazos en un lugar visible y con mensajes claros.

El dirigente gremial se refirió, en este caso, a las cuatro cabezas cortadas que el 10 de junio fueron localizadas en las zonas 1, 7, 12 y 18 de la capital, sin que a la fecha la Policía tenga algún indicio sobre los responsables.

La forma de operar de la delincuencia se torna más grave, por lo que la Policía incautó ayer, en el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, celulares y municiones para armas de fuego.

Los expertos afirman que eso implica que desde esa cárcel se ordenan extorsiones y otros hechos criminales, sin que las autoridades penitenciarias logren controlar a los reos.

Crimen manifiesta su poder

Para Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, los hechos de violencia del sábado y del lunes recién pasados tienen el objetivo de manifestar el poder del crimen organizado.

“Lo están tratando mediante acciones brutales. ¿Por qué lo están haciendo? No lo entiendo, pero el mensaje es que son capaces de cualquier barbaridad y de permanecer impunes”, dijo.

Agregó que el Gobierno tiene un gran reto para detectar quiénes están detrás de esos hechos; capturarlos y evitar que se produzcan más atentados.

Añadió: “El Estado ha demostrado que no tiene la capacidad, por eso los criminales hacen lo que les da la gana”.

Carlos Amador, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, resaltó: “La situación de violencia es un tema que debe ser tratado con toda la fortaleza institucional para que se den resultados positivos. Son situaciones que se están dando. Hay elementos de provocación, por eso es importante que se fortalezca la institucionalidad”.

Agregó que el desborde de la criminalidad afecta a todos los sectores de la población.

Verónica Godoy, de la agrupación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, indicó: “Estos hechos tienen que ver con la falta de capacidad del Estado, y este tipo de acciones mandan un mensaje que causa terror a la población y un sentimiento de frustración”.