Prensa Libre

POR ROSA MA.BOLAÑOS

Rudy Villeda, superintendente de Administración Tributaria, y quien asistió ayer al Congreso, explicó que el Minfin prepara modificaciones al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dijo que con estas se incluyen más requisitos para las firmas que deseen participar en las licitaciones o cotizaciones y que entre los requerimientos está que se conozca quiénes son los accionistas o dueños de ellas, y que se les ha recomendado evitar la participación de sociedades anónimas en la presentación de ofertas. Otro requisito es que deben estar registrados en el Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y tener solvencia fiscal.

Juan Alberto Fuentes, ministro de Finanzas, señaló que estas medidas deberán ser aprobadas mediante acuerdo gubernativo.

“Se está trabajando (la reforma); no se ha terminado, pero la modificación más importante es que las empresas que sean objeto de un contrato con el Estado tengan acciones nominativas”, explicó.

El ministro evitó mencionar el plazo para aprobar e implementar los controles, pero advirtió que “no debiera tomar mucho tiempo”.

Según Fuentes, estas reformas son independientes de la iniciativa de ley que también se impulsa para prohibir las acciones al portador, y las empresas o sociedades solo puedan tener acciones nominativas. Esta propuesta tendría que ser aprobada en el Congreso.

Respecto de esta última, Villeda manifestó que el martes próximo el presidente Álvaro Colom enviará una iniciativa al Legislativo.

Ese organismo tiene una iniciativa que presentó el diputado Aníbal García, y una de ley de extensión de dominio, que ya establece las acciones nominativas y que se estudia en la Comisión de Legislación, con el objetivo de convertirla en una iniciativa.

Villeda agregó que impulsan modificaciones para que las municipalidades se conviertan en agentes retenedores del Impuesto Sobre la Renta, con lo que se podría controlar a más proveedores.

Alejandro Urízar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, calificó las medidas como positivas.

“Las figuras legales actuales han permitido la ampliación de la discrecionalidad o la opacidad de los procesos de compras estatales”.